La historia de esta prolongada crisis se remonta al 2001, cuando Argentina vivió la más grave crisis económica que haya enfrentado nuestro continente, lo que llevó al Gobierno trasandino de la época a decretar un congelamiento de tarifas de los servicios básicos (entre ellos el gas), a fin de evitar un conflicto social a raíz del impacto que produciría la “pesificación” de valores que hasta ese año estaban expresadas en dólares.
Ello llevó a que las empresas argentinas dejaran de invertir, lo que limitó la capacidad de producción y de transporte en relación con la demanda de la población e industrias. Hoy, productores como Repsol-YPF, Total y Petrobrás aún negocian reajustes con la Casa Rosada.
Por ello nuestro país puede seguir siendo afectado a raíz de que el gas argentino es la principal fuente de suministro para generación eléctrica, si el Gobierno argentino no logra acuerdo con las empresas y éstas no retoman las inversiones que permitan aumentar la producción de gas natural, pues el origen del problema está en la política de precios en Argentina, al subsidiar un recurso escaso haciendo explotar la demanda interna y desincentivando las inversiones.
El 7 de julio de 1995, los gobiernos de Argentina y Chile suscribieron el Protocolo de Integración Gasífera y Suministro de Gas Natural, acuerdo que selló la integración energética entre ambos países. Argentina se convirtió, entonces, en el único proveedor de gas natural para nuestro país.
Este acuerdo definió un mercado común entre ambos países y estableció el “Principio de no discriminación”, en virtud del cual, ante situaciones de restricción o escasez del recurso, los Estados deberían mantener la proporcionalidad en el suministro de gas existente en condiciones normales. Este marco jurídico permitió que en nuestro país se construyeran gasoductos, centrales de generación eléctrica que funcionan en base a este combustible y redes de distribución, que permitieron llevar un combustible limpio y más barato a un número creciente de hogares, comercio e industrias, a partir de 1997. Estas inversiones superaron los US$ 5.500 millones.
Sin embargo, vulnerando los compromisos jurídicos internacionales asumidos por ambos Estados, las autoridades argentinas comenzaron a aplicar una serie de medidas administrativas y resoluciones diversas que, desde el año 2004 a la fecha, han restringido el suministro de gas hacia nuestro país, afectando particularmente al sector industrial y generadoras eléctricas.
El origen de esta situación se encuentra en el déficit energético que ha afectado al vecino país, que se resume en un fuerte incremento del consumo de gas natural frente a una oferta estancada. Esta situación fue el resultado de la política de congelamiento de precios implementada por el gobierno de argentino en 2002, que se tradujo en un precio del gas artificialmente bajo. Como consecuencia, aumentó la demanda por el combustible tanto para uso industrial, residencial (calefacción) como también para el transporte y desincentivó a las petroleras a invertir en mejores tecnologías y en exploración.
En resumen mis estimados amigos lectores, la solución de corto plazo al déficit pasa porque los Gobiernos de Chile y Argentina le den un paraguas político de integración y hermandad a la solución de carácter técnico. Es por ello que en las próximas semanas les seguiré comentando sobre esta importante situación interna y externa que vive nuestro país, ya que soy un convencido que los ciudadanos debemos estar bien informados sobre las políticas públicas que de algún u otro modo nos afecta al crecimiento económico, político y social.
Ello llevó a que las empresas argentinas dejaran de invertir, lo que limitó la capacidad de producción y de transporte en relación con la demanda de la población e industrias. Hoy, productores como Repsol-YPF, Total y Petrobrás aún negocian reajustes con la Casa Rosada.
Por ello nuestro país puede seguir siendo afectado a raíz de que el gas argentino es la principal fuente de suministro para generación eléctrica, si el Gobierno argentino no logra acuerdo con las empresas y éstas no retoman las inversiones que permitan aumentar la producción de gas natural, pues el origen del problema está en la política de precios en Argentina, al subsidiar un recurso escaso haciendo explotar la demanda interna y desincentivando las inversiones.
El 7 de julio de 1995, los gobiernos de Argentina y Chile suscribieron el Protocolo de Integración Gasífera y Suministro de Gas Natural, acuerdo que selló la integración energética entre ambos países. Argentina se convirtió, entonces, en el único proveedor de gas natural para nuestro país.
Este acuerdo definió un mercado común entre ambos países y estableció el “Principio de no discriminación”, en virtud del cual, ante situaciones de restricción o escasez del recurso, los Estados deberían mantener la proporcionalidad en el suministro de gas existente en condiciones normales. Este marco jurídico permitió que en nuestro país se construyeran gasoductos, centrales de generación eléctrica que funcionan en base a este combustible y redes de distribución, que permitieron llevar un combustible limpio y más barato a un número creciente de hogares, comercio e industrias, a partir de 1997. Estas inversiones superaron los US$ 5.500 millones.
Sin embargo, vulnerando los compromisos jurídicos internacionales asumidos por ambos Estados, las autoridades argentinas comenzaron a aplicar una serie de medidas administrativas y resoluciones diversas que, desde el año 2004 a la fecha, han restringido el suministro de gas hacia nuestro país, afectando particularmente al sector industrial y generadoras eléctricas.
El origen de esta situación se encuentra en el déficit energético que ha afectado al vecino país, que se resume en un fuerte incremento del consumo de gas natural frente a una oferta estancada. Esta situación fue el resultado de la política de congelamiento de precios implementada por el gobierno de argentino en 2002, que se tradujo en un precio del gas artificialmente bajo. Como consecuencia, aumentó la demanda por el combustible tanto para uso industrial, residencial (calefacción) como también para el transporte y desincentivó a las petroleras a invertir en mejores tecnologías y en exploración.
En resumen mis estimados amigos lectores, la solución de corto plazo al déficit pasa porque los Gobiernos de Chile y Argentina le den un paraguas político de integración y hermandad a la solución de carácter técnico. Es por ello que en las próximas semanas les seguiré comentando sobre esta importante situación interna y externa que vive nuestro país, ya que soy un convencido que los ciudadanos debemos estar bien informados sobre las políticas públicas que de algún u otro modo nos afecta al crecimiento económico, político y social.
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