UNA MIRADA A LOS NUEVOS ESCENARIOS ENERGETICOS EN CHILE

El escenario energético nacional se asemeja en algunas de sus principales características a aquellas observadas en el mundo, amplificadas en cierta medida por el hecho de que Chile es un país en desarrollo con tasas de crecimiento significativas y con una alta dependencia de fuentes energéticas importadas.

El crecimiento económico sostenido en el marco de una economía abierta y globalizada, junto a las políticas sociales aplicadas por el Estado durante los últimos años, han incidido en exitosos resultados macroeconómicos, incluyendo tasas de crecimiento positivas y sostenidas y una inflación baja y controlada, lo que se ha traducido en un aumento significativo del ingreso por habitante de los hogares chilenos y en una disminución de los índices de pobreza de la población. En los últimos ocho años se han obtenido tasas de crecimiento cercanas al 5% promedio anual, con un PIB por habitante de US$ 13.936 en el año 2007, y se han mantenido niveles de inflación de 3,9%.

Chile se ha insertado de forma cada vez más estructural en la economía globalizada, con una apertura creciente al comercio internacional. Actualmente, es el país con el mayor número acuerdos internacionales de comercio e inversiones, firmados con áreas económicas que representan cerca del 90% de la población mundial. Esta orientación económica al comercio exterior ha sido determinante en el desarrollo sectorial. En su estrategia para dinamizar su economía, Chile ha enfocado recientemente su atención sobre la innovación tecnológica. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad ha realizado una serie de propuestas de política pública para la innovación tecnológica basados en tres pilares: un sistema de aprendizaje continuo de su capital humano, el fortalecimiento de una plataforma de generación, difusión y aplicación del conocimiento y, la consolidación de un sistema empresarial innovador orientado a la creación de valor como estrategia de competencia en los mercados globales.

El crecimiento económico de las últimas décadas, junto con una política social muy activa por parte del Estado, han sido los factores relevantes en mejorar el estándar de vida de la población. Esto se refleja en la fuerte disminución de la pobreza del 45,1% en 1987 al 8,7% en el año 2008. Chile fue el primer país latinoamericano en cumplir y superar las Metas del Milenio de reducción de pobreza.

Según las estadísticas de disponibilidad de servicios en la viviendas en áreas urbanas y rurales de la CEPAL, en Chile para el año 2008 el 97,9% de los hogares contaban con agua potable (99% de los urbanos y 62% de los rurales), el 89,5% contaba con alcantarillado (98,3% de los urbanos y 20,9% de los rurales) y el 99% contaba con energía eléctrica (99,7% de los urbanos y 96,3 % de los rurales). Esto sitúa a Chile dentro de los primeros lugares en provisión de todos los servicios en Latinoamérica, si
bien existen diferencias entre el sector urbano y el rural.

Las exigencias ambientales de la población determinan orientaciones para el crecimiento económico, las cuales se expresan en el marco de la “Ley de Bases Generales del Medio Ambiente”, promulgada en 1994. A nivel global, según la clasificación de la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático, Chile es un país vulnerable al cambio climático.

Estimados lectores de acuerdo a estos índices de crecimiento, estimo que los ciudadanos de este país tenemos un tremendo desafío en buscar los lineamientos y exigirle a nuestras autoridades que tomen conciencia en enfrentar estos temas con mayor interés e inclusión social, ya que considero que un país con políticas energéticas de desarrollo es un país que crece en forma significativa con un horizonte claro….el desarrollo.

TENDENCIAS Y LINEAMIENTOS EMERGENTES EN EL PLANO ENERGETICO ACTUAL

Las tendencias actuales muestran que a pesar del aumento en los costos de las fuentes energéticas tradicionales, que se mantendrá en el futuro previsible, y pese a los impactos ambientales ya mencionados, los combustibles fósiles seguirán teniendo un rol primordial en la matriz energética de las próximas décadas. No obstante se observa un crecimiento en las inversiones en energías renovables, las cuales pasaría desde cerca de 20 mil millones de dólares en promedio entre 1995 y 2004 a unos cien mil millones de dólares en el año 2010.

Enfrentar esta evolución y sus implicancias representa un desafío significativo para el conjunto de los países. En este sentido, no se debe considerar sólo las dificultades que esta evolución conlleva, sino la importante oportunidad de cooperación entre países, tanto en el desarrollo de políticas coherentes como en el desarrollo tecnológico.

En este último ámbito, se debe destacar el aumento exponencial en los recursos asignados a investigación y desarrollo en nuevas tecnologías. Se estima que los recursos mundiales asignados a I+D (Investigación y Desarrollo) en el año 2000 eran inferiores a mil millones de dólares mientras que al 2006 bordeaban los siete mil millones. En particular, se han asignado recursos a biocombustibles, eólicas, energía solar y eficiencia energética.

Los países han reconocido que enfrentar los desafíos actuales tiene un costo, por lo que es necesario la comprensión de las ventajas y desventajas de las distintas opciones y la búsqueda de mecanismos efectivos que permitan asegurar equidad, seguridad y sustentabilidad, sin afectar significativamente la competitividad de las economías.

En ese contexto, la escala de los desafíos es tal que se privilegiará estrategias que permiten enfrentar varios aspectos de forma simultánea y que puedan ser costo efectivas. Así, estrategias como la eficiencia energética y la utilización de nuevas energías que permiten aprovechar la dotación de recursos renovables aumentarán el potencial de muchos países para satisfacer sus requerimientos energéticos.

En muchos sentidos, las dificultades que ha experimentado el mundo en los últimos años en su desarrollo energético, han permitido mejoras significativas en dicho desarrollo a través de una permanente búsqueda de nuevas soluciones de las cuales los países pueden aprender mutuamente.

Crisis y Política Energética: Un tema que requiere decisión a corto plazo

Estimados amigos lectores para analizar la crisis energética que nos afecta hasta nuestros días como país es necesario retroceder a la génesis que provoco dicho escenario.

En abril de 2004 el gobierno argentino tomó la decisión de privilegiar el consumo interno de gas natural frente a los compromisos de exportación con Chile, ignorando los términos del Protocolo de Integración Gasífera. La industria y el sector eléctrico chileno se vieron enfrentados a la restricción de un combustible considerado seguro y esencial en el desarrollo de la matriz energética. Los eventos posteriores confirman que el sector energético chileno debe reconsiderar sus opciones de desarrollo futuro y revalorizar la diversificación, pero no se percibe claridad en cómo lograr dicho ajuste con el menor costo posible para consumidores y empresas.

En el corto plazo está el problema operativo de sustituir a un alto costo parte del gas natural que requiere la industria actualmente instalada, tanto eléctrica como no eléctrica; para el largo plazo, la decisión de qué energético utilizar para aumentar la capacidad productiva industrial y eléctrica. En el sector eléctrico la incertidumbre desde principios de 2004 paralizó el desarrollo de proyectos destinados a aumentar la capacidad entre 2006 y 2008 y por ello en dicho período podría haber restricciones de consumo. Para evitar ese escenario se requiere una política gubernamental clara y de largo aliento, dado que las señales del regulador y del mercado interactúan para guiar las decisiones de producción y de inversión.

El problema es decidir una combinación de fuentes y tecnologías con niveles de costo y riesgo de suministro adecuados a la realidad del país. Las opciones genéricas más viables a los costos actuales incluyen gas natural licuado, carbón, geotermia e hidroelectricidad, entre otras. Las decisiones de inversión se ven dificultadas por la incertidumbre respecto a los precios esperados de la electricidad, ya que parte importante del consumo está sujeto al precio regulado por el Estado, y éste depende del criterio de la autoridad respecto a los combustibles cuyos costos serán referencia para calcular los precios.

Así, la incertidumbre de largo plazo respecto a la disponibilidad de gas argentino implica un riesgo que dificulta las decisiones actuales de inversión. No es posible predecir si efectivamente el "gas barato" desaparecerá del mercado, empujando el precio regulado hacia los costos de opciones más caras como GNL y carbón, o volverá en gloria y majestad en unos años, cuando las políticas en Argentina sufran otro golpe de timón, empujando los precios regulados a niveles tan bajos como los vistos durante los primeros años de ésta década. Las nuevas inversiones, entonces, enfrentan un precio de referencia y una rentabilidad impredecibles, por la incertidumbre respecto al comportamiento futuro del regulador.

La política lógica es profundizar la acción del mercado respecto de las señales de precios y costos. Se puede lograr un suministro económico y seguro a través de una política que combine la profundización de la competencia mediante contratos de largo plazo, con la responsabilidad a todo evento del productor frente a su cliente. Mientras los precios resulten de las negociaciones entre productores y consumidores, cada uno con sus expectativas de costos y precios alternativos a largo plazo, la industria logrará un equilibrio tecnológico y un grado de diversificación con costos y riesgos globales adecuados a nuestra economía.

El gobierno tiene en su mano reducir la incertidumbre de largo plazo a través de acciones concretas: acelerar la aplicación de la ley eléctrica que permite rebajar el límite de clientes libres, restringiendo así la importancia del precio regulado, sin afectar a los clientes residenciales; disponer que las distribuidoras liciten por separado su suministro para clientes regulados y clientes libres; y legislar para permitir que el suministro a las empresas distribuidoras se decida en licitaciones por precio, sin perjuicio de tomar los resguardos necesarios para que sean efectivamente competitivas. Paralelamente, debe eliminar la falta de claridad en torno al pago de la potencia en el mercado mayorista. Ninguna de estas medidas implica necesariamente aumentos de precios para los clientes pequeños; sin embargo, la postergación de una política adecuada y clara puede implicar para todo el país el alto precio de la energía que no se tiene.