Reflexión sobre la opción política y la responsabilidad del Estado respecto al tema energético

A partir de la crisis del gas natural se comenzó a instalar una discusión seria sobre nuestro desarrollo energético en el largo plazo. En el discurso de los especialistas, en los círculos económicos y en la ciudadanía apareció la demanda al Gobierno por plantear una estrategia e, incluso, implementar alguna forma de planificación para el futuro. Donde más se han acentuado estos requerimientos es en el ámbito de la producción de electricidad, ello más por razones económicas y de seguridad energética que por consideraciones ambientales.

Cerrada la opción de un desarrollo en base a gas natural, junto con el aumento de los precios internacionales de los combustibles fósiles, por primera vez se suscita consenso en torno a conceptos tales como la diversificación de la matriz energética particularmente eléctrica y se comienza a mirar con seriedad las fuentes de energía renovables no convencionales, aspectos que ya han sido acogidos por el Gobierno.

Sin embargo, luego de cuatro años de declarado el fin del imperio del gas natural la reacción del mercado en cuanto a diversificación es tímida; si se observa el programa de instalación de centrales eléctricas entre 2008 y 2017 puede verse entre las que se encuentran en construcción y las declaradas en los planes de las empresas, que de un total de 6720 MW, el 62% continúa siendo en base a carbón y petróleo, un 33,6% es hidroelectricidad, y un 4,4% es la suma de energía eólica y geotermia; la energía nuclear, si bien no se descarta, no entra en este plan porque no maduraría técnicamente hasta aproximadamente el año 2022.

Cabe preguntarse entonces qué instrumentos deben diseñarse e implementarse para estimular un desarrollo eficiente desde el punto de vista económico, político, social y ambiental. Determinantes serán los precios relativos, y es hora de estudiar seriamente el reemplazo de los impuestos actuales a los combustibles, diseñados para financiar el desarrollo vial, por otros basados en los costos relativos de las emisiones de contaminantes que cada uno aporta. Probablemente este sería un instrumento más eficiente que la imposición de cuotas para algunas tecnologías, sin perjuicio de que eso sea también válido. Sin embargo, para ser efectivos deben estar enmarcados en una estrategia de largo plazo conocida, razonablemente concensuada, que se constituya en una Política de Estado, de modo que todos los actores puedan tomar decisiones y avanzar en forma coherente, y especialmente para que los diversos organismos del Estado actúen en sintonía con los objetivos acordados.

Una condición indispensable para semejante proceso es la existencia de liderazgo, de al menos un Estado que asuma la iniciativa y algunos de los costos, tanto políticos como económicos. Es por ello mis amigos lectores que cuando el Estado y la clase política hacen planteamientos y propuestas lo deben hacer pensando en las futuras generaciones que serán parte de esta hermosa faja de tierra llamada Chile.

No perdamos nuestro foco, necesitamos reingeniería energética

Chile se ha enorgullecido a nivel internacional de los éxitos de su pionera reforma de creación de un mercado energético que descansa en la acción central de los priva­dos y el rol subsidiario del Estado. Los crecientes cortes de gas natural desde Argentina a Chile, un combustible que asumíamos abundante y de bajo precio, han forzado a nuestro país a enfrentar profundas interrogantes res­pecto a su desarrollo energético y han llevado a muchos a cuestionar ese modelo de desarrollo.

En el objetivo de lograr una seguridad energética que permita que Chile siga creciendo económicamente, sin restricciones impuestas por terceros, debemos diversifi­car nuestra matriz, dentro de nuestro modelo de mer­cados libres competitivos y abiertos, sin caer en la ten­tación de un Estado más interventor, forzando caminos de desarrollo.

Lograr esa seguridad en el largo plazo, en el marco del modelo vigente, es factible, diversificando y balanceando nuestra matriz energética con hidroelectricidad, petróleo, carbón, gas natural regional, gas natural licuado, energías renovables (eólica, biomasa, geotermia), esquemas de efi­ciencia energética, y eventualmente con energía nuclear; la mayor parte de esos recursos provenientes de un mer­cado internacional de commodities sin mayores restric­ciones de abastecimiento. Ese logro se concretará en el mercado eléctrico gracias a que con los últimos cambios legales se logró una mayor liberalización de nuestro sis­tema de precios, que debiera responder a visiones de lar­go plazo en un esquema de licitaciones internacionales, liderado por el sector privado y sus decisiones de inver­sión. No obstante, no descuidemos el rol central del Es­tado regulador, particularmente en aquellas actividades energéticas que tienen el carácter de monopolios, como la distribución eléctrica y que finalmente debido a que son monopolio comercial terminan por afectar al mejor capital de una nación, que son sus ciudadanos.

Preocupa que, en las primeras licitaciones de las empresas distribuidoras, pueda desper­diciarse una magnifica oportunidad para diversificar la oferta en generación en nuestro país. La urgencia por realizar las licitaciones, por la crisis a que nos sometió el corte del gas, y el no haber logrado realizar licitaciones conjuntas, nos puede castigar por muchos años con pre­cios no competitivos de suministro eléctrico.

Sin embargo, donde existen los mayores peligros es en el abastecimiento eléctrico en el corto plazo, donde no es evidente como lograr esa seguridad energética. De­penderá en forma importante de la hidrología de los próximos tres años, pudiendo eventualmente enfren­tarse racionamientos ante años secos. Evitarlo no se lo­grará espontáneamente, exigirá inversiones e implicará aumentos sustanciales de precios, cualquiera sea el ca­mino seguido.

Ante esa eventual crisis, mis amigos lectores creo que el Estado debe cumplir un rol coordinador, el peligro es que se tiente a jugar un rol empresarial, forzando inversiones que dis­torsionen en forma permanente el mercado, y nuestro exitoso camino recorrido.

¿Seguridad energética versus sustentabilidad medioambiental?

La agenda ambiental ha cobrado especial importancia en Chile como parte de su mayor desarrollo económico y social. Independiente de que nuestro país contribuye en una mínima parte a los problemas del calentamiento global del planeta, por su pequeña economía y bajos ni­veles de producción de gases de invernadero, y de CO2 en particular, preocupan problemas de polución urbana como también aquellos de contaminación de zonas pro­ductivas agrícolas y agropecuarias.
Estas preocupaciones se acentúan en el caso de la ge­neración termoeléctrica con combustibles fósiles, es­pecialmente cuando el carbón surge en Chile como el combustible más competitivo para reemplazar al gas natural en la producción de electricidad. Aun cuando a nivel mundial se desarrollan tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, estas todavía no son competi­tivas por las grandes inversiones involucradas.
Nuestro desafío como país será como conciliar nuestra seguridad energética con una mayor participación del carbón en la matriz, y sin producir impactos ambientales en los múltiples valles agrícolas que debieran albergar estos desarrollos. La medición de las externalidades ambien­tales de distintas tecnologías energéticas, así como su valoración económica, cobra especial importancia. El desarrollo de impuestos por polución y el fortalecimien­to de mercados de emisiones surgen como herramientas que podrían mejor orientar las decisiones de inversión hacia energías ambientalmente amistosas. No tiene por­que la polución ser un efecto inevitable de la producción y uso de la energía.
Y que aún más, esa falta de maduración nos haga seguir mo­das mundiales de subsidios a energías renovables con mayores costos de desarrollo. La tentación en esta línea está presente, con varios proyectos de subsidios en aná­lisis. Forzar ciertas energías renovables dentro de la matriz, con el argumento de que son am­bientalmente atractivas, no es un camino racional que privilegie eficiencia económica, podremos terminar pa­gando mas por la energía sin lograr avanzar en reducir la contaminación ambiental.
Por último, mis amigos estimo que por ahora el único recurso energético masivo del cual aún quedan importantes reservas en Chile es la hidro­electricidad, una energía de producción limpia y en gran­des volúmenes. Lograr seguridad energética junto a una adecuada sustentabilidad medioambiental debiera dejar espacio para que ellas se utilicen. Aunque reconociendo que muchas de estas centrales se insertarán en lugares de gran belleza natural y que su construcción causará alteraciones a los ecosistemas de las zonas donde se de­sarrollen, debemos sopesar que proyectos sustitutos de ellas, en los volúmenes requeridos para el desarrollo de Chile, con combustibles fósiles, sean estos carbón, gas natural o diésel, producirán mayores impactos ambien­tales y en zonas de mayor concentración poblacional.

Centralismo en Chile: Una Forma de Exclusión en el Chile del Bicentenario

La descentralización no es un fin, tampoco es un concepto que está lejos de discusión, es un medio ciertamente muy importante, pero no suficiente para lograr un Chile bueno para vivir para todos sus habitantes, pero en todas sus comunas y regiones; es decir un país social y territorialmente integrado. Pero para que dicho fin superior no quede siempre en el discurso o en promesas que luego no se puedan cumplir, es necesario generar, sin la restricción de cálculos electorales listas o intereses de corto plazo, una política de descentralización y de desarrollo local y regional, no solamente de un Gobierno, sino de Estado, construida transversalmente entre los principales actores políticos, académicos, sociales y empresariales del país, con un horizonte generacional más que electoral, más trascendente que contingente, concebida más allá de los respectivos períodos de los gobiernos locales, regionales y nacionales.
Pero, siendo realistas, es cada vez más evidente que en los hechos ello no va a ocurrir en la profundidad y a la velocidad que dicho proceso requiere, si no se genera una demanda y participación activa desde la ciudadanía y la sociedad civil organizada, especialmente el de las propias regiones.
A mi entender cualquier idea que proponga integración social y descentralización del Estado contribuye a generar un Chile más desarrollado y más justo, con más emprendimiento económico y más bienestar para las personas, más democrático, participativo y cercano a la ciudadanía.
Es por ello que aquí estimados les presento algunas propuestas que a mi entender pueden buscar los lineamientos necesarios, para lograr un Chile descentralizado a nivel regional y local, en nuestro país que vive ad portas del bicentenario.
A nivel local o llámese también a nivel municipal, propongo los siguientes aspectos que deben ser de importancia en un gobierno central:

1. Modernizar el Sistema de Financiamiento de las Municipalidades

Este aspecto a mi juicio es de suma importancia, ya que cuando hablamos de descentralización sin tocar los aspectos presupuestarios es presentar solo una obra teatral hermosa, pero sin que finalmente se logren efectos reales y prácticos. En síntesis más autonomía y más control del gasto. Dentro de este punto a considerar es adecuado agregar dos aspectos que también son de importancia, entre ellos:

• Facilitar el acceso al financiamiento público (gobiernos regionales, fondos sectoriales, servicios traspasados).
• Permitir el acceso a financiamiento con endeudamiento de corto y largo plazo. Endeudamiento responsable, digo esto porque existen municipios que tiene las cuentas ordenadas y que tienen proyectos de inversión sumamente atractivos que generan plusvalía y que generan mayores

recursos para el municipio, pero que, sin embargo, tienen muy restringidas las posibilidades de financiamiento a través de endeudamiento a corto y largo plazo, ya que hoy por hoy la ley, prácticamente los prohíbe.

2. Modernizar los estatutos que regulan la contratación del personal docente, de atención primaria y administrativo.

3. Incentivar la asociatividad de municipalidades, en particular de grandes con pequeñas.

4. Incentivar la praxis de la participación comunitaria a través de:

• Presupuestos participativos
• Defensoría ciudadana
• Rendición de cuentas a la comunidad

El modelo de descentralización que se debe impulsar a nivel regional, debe ser el de un gobierno regional más democrático y representativo del territorio, con capacidad para planificar territorialmente su desarrollo, capaz de articular y coordinar la acción de los servicios nacionales y con capacidad financiera para desarrollar sus programas y proyectos.

Es importante que el FNDR se utilice en invertir en capital humano y social, de manera de contribuir al mejoramiento de la competitividad regional, señalo esto porque desde el año 2007 al FNDR se le sumaron US$290 millones, como compensación por lo ocurrido con el gran error, como lo fue el Transantiago, que a mi entender no es mas que en producto del iluminismo centralista. He aquí que propongo las siguientes propuestas para adoptar un proceso de descentralización en las regiones.

1. Autonomía nacional frente al gobierno central

En la praxis, los gobiernos regionales, si bien por obligación legal cuentan con una política de desarrollo regional propia, esta no se traduce en un plan de gobierno propio y más bien implementan regional que tiene el Presidente de la República.

2. Inversión pública en regiones

¿Qué tenemos hoy por hoy?

• El gobierno central, a través de las inversiones realizadas por las empresas del Estado y a través de inversiones sectoriales realizadas por los respectivos ministerios, es quien determina la inversión pública de impacto regional en regiones.

• El gobierno regional, determinan en gran medida la inversión de impacto comunal.
Estos dos aspectos recientemente mencionados a juicio, llevan en materia de inversión pública, a que se esté violando el principio de subsidiariedad regional.

3. Participación y Control del gasto

Es importante que la ciudadanía tenga acceso a información que les permita ejercer mayor control, así como también participar en el proceso de toma de desiciones.
Personalmente considero que se debe analizar la posibilidad de realizar una consulta ciudadana para priorizar la cartera de proyectos de inversión, generando así canales de comunicación establecidos y accesibles.

4. Descentralizar el poder parlamentario y elección de las autoridades regionales:

• Intendente y Presidente del Gobierno Regional: dos cargos, dos responsabilidades.
• Participación parlamentaria en los gobiernos regionales, de tal manera que los parlamentarios gestionen ante el poder ejecutivo central, conseguir fondos adicionales para un determinado proyecto.
• Elección directa y democrática del Presidente del Gobierno Regional y de los Cores, promoviendo así liderazgos múltiples y fortaleciendo una clase política local y regional.

5. Traspasar los servicios públicos centralizados y las competencias, según corresponda al ámbito local o regional.

6. Trasferir mas recursos a los niveles subnacionales (comunales y regionales); y creando en éstas la capacidad de generar y administrar recursos propios, dentro de un marco apropiado de tributaciones.

Cuando se habla de un Estado unitario pero descentralizado, ello necesariamente pasa también por dotar de mayor autonomía, atribuciones y recursos a los gobiernos locales, las municipalidades. Centrarse sólo en la elección de los consejeros regionales podría entrampar el avance hacia una mayor descentralización, terminando con un centralismo a nivel regional.

7. Fortalecer las capacidades regionales de generación de conocimiento propio e innovación relacionadas a los procesos de desarrollo. Se debe generar una política más agresiva que permita alianzas entre empresas locales y universidades regionales con incentivos tributarios, esto puede ser sin embargo un detonante de desarrollo científico-tecnológico.

8. Es importante fortalecer las identidades locales y regionales, el sentido de pertenencia y la autoestima de las comunidades.

El desarrollo y futuro de nuestro país requieren de un proceso sustantivo y sostenido de fortalecimiento de las capacidades regionales y locales, así como de descentralización en todos los planos relevantes del quehacer nacional.

Sólo así, Chile será capaz de lograr la condición de país desarrollado, de derrotar la pobreza y reducir las diversas otras desigualdades. Integrando y desarrollando a las regiones del país se podrá salvar a su capital y asegurar la calidad de vida de sus habitantes y logrará aprovechar las ventajas y controlar las amenazas de la globalización.
Sin embargo en tiempos de globalización, este sistema es cada vez más disfuncional para atender con eficacia las demandas de un Estado realmente moderno y de una sociedad cuyo leit motiv es la participación ciudadana por medio de políticas inclusivas.

Política energética sustentable: Una responsabilidad de Estado

Estimados amigos lectores el alcance del artículo de esta semana pretende describir en forma sucinta los pilares y los necesarios indicadores de una política energética sustentable, para un país como el nuestro que lucha incesantemente por conseguir el desarrollo. En consecuencia, se priorizará el tratamiento de algunas de las opciones tecnológicas disponibles para un abastecimiento sustentable de energía, considerando: las fuentes energéticas convencionales para la generación eléctrica, las energías renovables no convencionales para la producción de electricidad a gran escala (ello no supone ignorar la importancia estratégica de la generación distribuida) y fuentes no convencionales, disponibles para los usos térmicos y reemplazo de carburantes.

Tanto la dinámica del crecimiento de la demanda de energía, superior al crecimiento del PIB, como la ineficiencia con que esta se utiliza, deben llevarnos a cuestionar los patrones de consumo de energía ya sea a nivel residencial como en los servicios y actividades productivas. Ello se desprende claramente de la comparación de la evolución de la intensidad energética (relación que expresa la cantidad necesaria de energía para producir una unidad de producto interno bruto), mientras en los países de la OECD la intensidad energética disminuyó entre 30% y 40% en un período de 20 años, ésta aumentó ligeramente en Chile, para el período (1990-2002), sin embargo esta es una estimación que aún se mantiene porcentualmente vigente, ya que corresponde al potencial de ahorro de energía, mediante mejoramientos de la eficiencia energética de los distintos sectores de consumo en nuestro país.

Si bien es cierto existen diferentes puntos de vista para definir los mencionados pilares de la sustentabilidad energética, a continuación se enumeran algunos de los que se estiman básicos para cualquier análisis en este ámbito:

• Abastecimiento seguro, oportuno, de calidad y a costo razonable.

• Energía y equidad. Al respecto, la inequidad se traduce en insuficiencias en el acceso a la energía, en cantidad y condiciones de uso, tanto por problemas de localización geográfica o problemas económicos de la población.

• Energía y sustentabilidad ambiental. La mayoría de los macro proyectos energéticos ha sido cuestionada por sectores ciudadanos por sus impactos ambientales, considerados por éstos como insuficientemente resueltos.

• Reducción de la dependencia energética. Si bien este parámetro nunca se consideró relevante para los responsables de la política energética, a partir del año 2004 el país le otorga una clara importancia.

• Energía, participación ciudadana informada y democracia. El reforzamiento de la democracia constituye a no dudarlo un pilar de la sustentabilidad del desarrollo y ello en el ámbito de la energía significa, entre otros, crear los canales adecuados de participación ciudadana informada para analizar tanto la localización de los proyectos como las tecnología a privilegiar y, por otra parte, reducir los elevados niveles de concentración de la propiedad en el sector energía.

Entre otras, es posible distinguir algunas componentes tecnológicas para una política energética sustentable, tales como: el uso eficiente de la energía, la diversificación de las fuentes convencionales, las energías renovables no convencionales (ERNC), la sustitución de fuentes y la generación eléctrica (y de calor) distribuida.

Creo que un país que ha asumido como estrategia de desarrollo la apertura unilateral de sus fronteras al comercio internacional, tiene prácticamente la obligación de considerar la sustentabilidad del desarrollo como ineludible y si bien ello no se logra exclusivamente con una política energética sustentable, ella puede contribuir a esta meta más global.