SE PRENDE EL VENTILADOR: ENERGIA Y DESIGUALDAD SOCIAL

La inflación es un fenómeno regresivo porque empeora la distribución del ingreso, ya que las personas de menores ingresos se ven más afectadas por la creciente inflación. Por ejemplo, mientras la inflación acumulada a marzo de este año es, según el índice general, de 8,5%, la inflación para los más pobres lleva acumulado un incremento del 10,5%.
Precisamente en ese contexto, las autoridades del gobierno anunciaron la entrega de bonos solidarios, como forma de amortiguar el incremento de precios, tanto de alimentos como energías. Sin embargo, dichos bonos son sólo una medida paliativa que no enfrenta el problema de fondo que se refiere al desigual impacto de las alzas de precios e impacto de largo plazo sobre las familias, en particular en el caso de la energía.
El alza de los precios de la energía, afecta a los distintos sectores de la economía chilena, sin embargo, son las familias de menores ingresos quiénes reciben el impacto más fuerte por las continuas alzas de precios de las energías, ya que destinan proporcionalmente una parte considerable de sus ingresos a su consumo.
Las familias de menores ingresos destinan más del 8% de su presupuesto al consumo de energías, mientras que las familias de altos ingresos, a penas un 3%. En este contexto, evidentemente el impacto del alza de los precios es dos veces más importante en los presupuestos familiares de los pobres que en los sectores acomodados. Más aún, los datos de inequidad en el acceso a la energía son mayores en regiones, donde la energía llega a representar cerca del 20% del total en los sectores socioeconómicos bajos.
Haciendo un análisis de lo expuesto, se puede concluir que la política de tarifas de energía (precios) y los patrones de consumo y gasto tienen tales impactos sobre la equidad social que es necesario replantear la política pública respecto de una “mitigación de impactos”. No bastan los bonos solidarios de corto plazo para resolver los problemas de inequidad. Se requieren políticas de eficiencia energética y de uso de energías renovables que permitan sustentar el consumo de las familias más pobres a lo largo del tiempo, sobre todo en un contexto de alzas de precios constantes y crecientes, que en el mediano plazo, al menos no tiene solución viable.

ENERGIA Y EQUIDAD

La presente "crisis" energética ha sido precedida por una análoga "crisis" ecológica: se abusa de ambas con fines de explotación política. Hay que entender que la segunda no encuentra su solución aún cuando se encuentren formas de producir energía abundante y limpia; es decir, sin efecto destructor sobre el medio ambiente.Los métodos que hoy se utilizan para producir energía, en su creciente, mayoría agotan los recursos y contaminan el ambiente. Al ritmo actual de su utilización, el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio serán consumidos dentro del horizonte temporal de tres generaciones, y en el entretiempo habrán cambiado tanto al ser humano como su atmósfera de forma definitiva.En su forma más trágica y amenazante, la quimera energética se manifiesta en la llamada "revolución verde". Los granos milagrosos introducidos en la India hace pocos años, hacen sobrevivir y multiplicarse a los hambrientos que se multiplicaron por el crecimiento industrial. Estas nuevas simientes se cargan de energía en forma de agua de bombeo, abonos químicos e insecticidas. Su precio se paga, no tanto en dólares sino más bien en trastornos sociales y en destrucción ecológica. Los ricos tienden a acusar a los pobres por usar su poca energía en forma ineficiente y dañina y los pobres acusan a los ricos de producir más excrementos porque devoran sin digerir mucho más que ellos. Los utópicos prometen soluciones milagrosas a los dos, tales como la posibilidad de realizar pronto un decremento demográfico, o la desalinización de las aguas del mar por energía de fusión. Los pobres se ven obligados a fundar sus esperanzas de sobrevivir en su derecho a un ambiente reglamentado que les "ofrece" la generosidad de los ricos. La doble crisis de abastecimiento y de polución ya manifiesta los límites implícitos al crecimiento industrial.
Mi tesis sostiene que no es posible alcanzar un estado social basado en la noción de equidad y simultáneamente aumentar la energía mecánica disponible, a no ser bajo la condición de que el consumo de energía por cabeza se mantenga dentro de límites. En otras palabras: sin electrificación no puede haber socialismo, pero inevitablemente esta electrificación se transforma en justificación para la demagogia cuando los WATTS per capita exceden cierta cifra. El socialismo exige para la realización de sus ideales un cierto nivel en el uso de la energía: no puede venir a pie, ni puede venir en coche, sino solamente a velocidad de bicicleta.
Creer en la posibilidad de altos niveles de energía limpia como solución a todos los males, representa un error de juicio político. Es imaginar que la equidad en la participación del poder y el consumo de energía pueden crecer juntos. Víctimas de esta ilusión, los hombres industrializados no ponen el menor límite al crecimiento en el consumo de energía, y este crecimiento continúa con el único fin de proveer cada vez a más gente de más productos de una industria controlada cada vez por menos gente.

CLAVES PARA ENTENDER LA CRISIS DEL GAS EN CHILE

Cuando un país como el nuestro se enfrenta a una crisis energética como la actual, esto trae consigo efectos colaterales que afectan el ámbito económico, social y geopolítico, es por ello que creo que los ciudadanos se deben involucrar en temáticas que signifiquen entender, plantear y proponer soluciones a los problemas que los aquejan en un país que se prepara para enfrentar el desarrollo ad portas del bicentenario.

1. ¿Cómo se origina?
Según las petroleras, la demanda de gas y electricidad es 30% mayor a 2002 por la reactivación. Ante lo cual hoy la oferta es insuficiente. A ello se suma que las centrales térmicas se alimentan de gas, o de una combinación de éste.
2. ¿Por qué se llegó a esto?
Las petroleras afirman que, desde 2000, las políticas oficiales desalentaron nuevas inversiones y hoy se están pagando las consecuencias. Señalan, sobre todo, el congelamiento de las tarifas dispuesto por el Congreso tras la devaluación.
3. ¿A quiénes afecta?
Por el momento, sólo a un número de industrias con contratos "interrumpibles", entre las que hay automotrices, siderúrgicas, cementeras y químicas. Pero aún no se sabe cómo se administrará la escasez entre los grandes bloques de usuarios del gas: industrias, domicilios, centrales térmicas, usuarios de autos y compradores externos. Y falta por saber qué pasará con los países a los que se les exporta gas: Chile, Uruguay y Brasil.
4. ¿Qué se espera?
Los especialistas aseguran que habrá escasez de gas para este invierno y que la falta de inversiones también impactará con nuevas restricciones en el invierno de 2005.
5. ¿Afectará a la economía Argentina?
En una petrolera estimaron que la crisis restaría no menos de dos puntos porcentuales al crecimiento.
6. ¿Soluciones?
Las empresas insisten en que el fin al congelamiento de tarifas alentará nuevas inversiones, sobre todo para impulsar la exploración de nuevos yacimientos.
7. ¿Los consumidores chilenos dejarán de tener gas?
Es muy improbable porque los planes de contingencia determinan que en caso de que falte el gas se corta primero a las centrales y a los clientes industriales, que aportan el 60% del consumo. Si se da una crisis mayor está la posibilidad de que Metrogas inyecte en la red de distribución gas propano que produce a partir del gas licuado.
8. ¿Cómo enfrentará el gobierno chileno la crisis?
En lo inmediato los CDEC-SIC - que coordinan las operaciones de las centrales eléctricas- tienen previstos planes de contingencias. Si se reduce la llegada de gas, las plantas de ciclo combinado funcionarán con diésel. ENAP asegura que tiene stock para abastecer a ese tipo de máquinas. En el largo plazo, el Gobierno definirá una nueva política energética que considera el incentivo de generación eléctrica con recursos térmicos, eólicos y de carbón, para no depender tanto del gas argentino.
9. ¿Cómo afectará a Chile?
El gobierno argentino dice que sólo hará racionalización de las exportaciones zonas en que pueda redireccionar el gas hacia el consumo del mercado interno. Así el gas que llega a Magallanes no tendrá problemas. En el caso de Neuquén, que abastece la zona central y sur del país, no habrá racionalización si las petroleras argentinas suministran en el invierno el 100% de la capacidad de los ductos que salen hacia Chile y Buenos Aires. La situación más delicada está en el norte de nuestro país donde sí podría haber cortes de suministro para redireccionarlos a la capital.
10. ¿El suministro eléctrico será afectado?
Dependerá del grado de racionalización que decrete el gobierno argentino. Aunque el Gobierno asegura que las plantas podrán seguir funcionando, éstas deben dejar de funcionar unas 24 horas para cambiar su fuente de energía de gas natural a diésel.
11. ¿Subirán las cuentas de las personas?
Utilizar una central a diésel es cuatro veces más caro que el gas natural. Ese costo inicialmente lo asumirán las empresas. No obstante, como el Gobierno argentino también suspendió la entrega de nuevos permisos de gas se puede retrasar la construcción de algunas centrales. Esta situación puede derivar en un alza en los precios de generación a partir de octubre, que representa el 50% del valor de las cuentas de las personas.
Estimados lectores la próxima semana les seguiré comentando sobre estos temas, ya que soy un convencido que un ciudadano informado, es un ciudadano que esta inserto en una sociedad civil donde como leit motiv existe la integración y la participación.

ANHELADAS PROMESAS EN TIEMPOS DE ELECCIONES

Se acercan las elecciones municipales de octubre próximo, en donde por estos días los ciudadanos están preocupados de ver si salen en las listas publicadas por el SERVEL para ver si son vocales de mesa y sacrificar un domingo entero a cambio de aprovechar la fraternidad familiar, y por otro lado se acerca a pasos agigantados la elección presidencial, instante clave donde aparecen esas promesas que ciudadano común y corriente quiere escuchar y que anhela esperanzado que se cumplan. Momento clave donde aparecen estos "ETs" políticos de cúpulas partidarias ensuciando las calles y vociferando a mil voces sus promesas.
Sin embargo creo que por hoy el votante sabe diferenciar la verdad real de las promesas que al momento de cumplirlas se transformas en excusas. Estimo que el valuarte fundamental de cualquier ciudadano que piense en emprender una carrera de servicio público, debe tener como leit motiv abarcar el tema más trascendental de cualquier sociedad civil, como lo es la Distribución del Ingreso.
Según la encuesta Casen del año 2006, arrojo que el 13,6% de la población chilena vive en condición de pobreza, es decir, 1.700.000 chilenos, de los cuales 500.000 compatriotas nuestros están en la indigencia mas absoluta, lo que equivale a cerca del 3,2% de la población total del país. Esto significa que uno de cada 10 chilenos no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas, y uno de cada 30 ni siquiera tiene lo suficiente para comer.
Es por ello que nuestra tarea más urgente como ciudadanos responsables es dotar a los chilenos que viven en condición de pobreza de las herramientas necesarias para poder salir de esta difícil y cruenta situación de un país ad portas del desarrollo.
Ningún economista puede hacer caso omiso a la afirmación que señala que el crecimiento económico de un país es el instrumento más efectivo y rápido para bajar los niveles de pobreza de un país. Tampoco es posible dejar de lado el hecho de que la única manera de mejorar la distribución del ingreso es dotar a las personas con una educación de calidad, de tal modo que puedan acceder a más y mejores empleos en términos de remuneración y dignidad. Dichas metas se pueden cumplir cuando los señores de la clase política y de la prensa actual dejen de divulgar que la mejor educación pasa por un asunto de siglas y por el monumental y musical jarrazo a la ministra, cuando lo que verdaderamente importa es educar con igualdad de oportunidades y porque no decirlo con una educación libre del lucro, en donde se benefician los que mas tienen, a costas de la inocencia de que quienes tienen menos y que simplemente anhelan mejorar su calidad de vida.
Por ultimo es necesario reconocer que la entrega de diversos bonos, subsidios y beneficios es solo una solución que a mi juicio es parche al problema de fondo.
Con estos datos en mente solo me queda por pensar que son dos las cosas que saltan a la vista. La primera es que no da lo mismo que nuestra economía crezca al 4% o al 5%, lo que hace intolerable la ausencia de reformas que permitan volver a crecer en torno al 5% o al 6%, en especial cuando muchas de estas soluciones están al alcance de la mano. Lo segundo y aunque parezca reiterativo señalo que la única manera de dotar a la población de una educación de verdad y de calidad es reformando nuestro sistema educativo actual con el fin del lucro a la educación.
¿Es tan difícil hacer esto en nuestro querido país que hace solo un día celebramos un nuevo aniversario de la llegada de la democracia y de la libertad?
Una solución que a mi entender no es solo frágil, sino que además deja de lado la importancia de la dignidad de las personas y su derecho a forjar sus propios destinos.

CRISIS DEL GAS: ¿ARBITRAJE O INTEGRACION LATINOAMERICANA?

La crisis del gas natural argentino ha llegado a un nivel crítico. Como se recordará, con fecha 24 y 29 de marzo de 2004, la Secretaría de Energía de Argentina dictó la resolución 265/2004 y la disposición 27/04, imponiendo restricciones a la exportación del gas natural a Chile. A partir del 1 de abril de 2004, Argentina decretó cortes de suministro. Estos cortes tienen relación con decisiones políticas internas del gobierno argentino, especialmente la fijación de un precio demasiado bajo y que en Argentina han aumentado artificialmente la demanda interna y desalentado las inversiones privadas en la producción y transporte de gas. Las resoluciones gubernamentales argentinas y el hecho de mantenerse por segundo año consecutivo esta restricción a las exportaciones hacia Chile, contravienen el “Protocolo Sustitutivo del Protocolo 2 del Acuerdo de Complementación Económica 16”, suscrito entre Chile y Argentina en 1995. En el acuerdo internacional, Argentina se obligó a no poner restricciones a que los productores y otros vendedores de gas natural de Argentina exporten gas natural a Chile, contando los exportadores argentinos con los correspondientes permisos de exportación, siempre y cuando no se haya comprometido el abastecimiento interno al momento del otorgamiento de tales permisos.Sin embargo, los exportadores argentinos se han visto afectados, desde abril de 2004, por un sistema mediante el cual con 24 horas de anticipación la autoridad argentina les comunica suspensiones de las autorizaciones de exportación del gas para redireccionarlo a abastecer la demanda interna, distinta y adicional a aquélla que pudiere estar afecta a compromisos previos al permiso de exportación. Las resoluciones del gobierno argentino han contravenido el Acuerdo Internacional GATT 1994 de la OMC, que en su artículo XI establece la eliminación general de las restricciones cuantitativas a la exportación, y en su artículo XIII la exigencia de no-discriminación en las exportaciones. ¿Cuáles son los derechos y caminos legales que tienen los particulares y el Estado de Chile frente a esta violación del Derecho Internacional cometida por el actual gobierno argentino?En primer lugar, las empresas chilenas afectadas pueden acudir al procedimiento de reclamo establecido en el artículo 27 del protocolo adicional 2, del Acuerdo 16 ante la Direcon, quien debe adoptar las medidas que estime pertinentes. A continuación, el Estado chileno debe pronunciarse si ejercerá su derecho de iniciar el procedimiento de solución a la controversia, al amparo del artículo 11 de su protocolo sustitutivo. El procedimiento no comienza de inmediato con un arbitraje, sino que hay una negociación directa, con carácter formal, por un plazo máximo de 30 días. Si esto no tiene éxito, Chile podría recurrir a un arbitraje donde el tribunal tiene máximo 60 días para resolver. El tribunal puede facultar a Chile para aplicar una suspensión o retiro total o parcial de concesiones o beneficios otorgados al amparo del Acuerdo 16.Un segundo camino consiste en que las empresas chilenas ejerzan su derecho de petición constitucional para exigir al Estado chileno que someta el caso ante la OMC. En este caso existe primero un procedimiento de negociación y consultas formales, y puede derivar en la aplicación del mecanismo de resolución de controversias de la OMC. El resultado de esta vía puede ser una o más recomendaciones del panel arbitral a las partes y/o una autorización para suspender beneficios o concesiones económicas y/o la aplicación de medidas compensatorias. Esto puede ser más eficiente, considerando el ambiente claramente desfavorable, dentro de la OMC, para imponer restricciones al comercio internacional de gas que resulten en subsidios de precio en el mercado interno.Un tercer camino consiste en que las empresas demanden a sus proveedores argentinos por no haber adoptado las medidas necesarias ante la previsible disminución de abastecimiento de gas y por no haber ejercido sus derechos para cuestionar la legalidad de las restricciones impuestas por el gobierno argentino.La disyuntiva aparente del Estado chileno, no es una decisión fácil. Hay por un lado un tema práctico: el interés inmediato de Chile es obtener más gas argentino. No está claro que una resolución arbitral favorable produzca ese resultado, si Argentina no tuviera, en el corto o mediano plazo, la disponibilidad de reservas o capacidad de producción, o si el gobierno trasandino no fuere capaz de enfrentar recortes internos adicionales en el suministro. Es más, en una reciente visita a nuestro país el presidente argentino habría amenazado con un corte total e inmediato de la exportación si Chile inicia las acciones legales. Pero por otro lado, una actitud débil del gobierno chileno, en el terreno político-diplomático, tiene al menos dos efectos negativos. El primero es reducir la capacidad de presión y negociación del gobierno chileno para obtener más gas argentino. El segundo, una desvalorización jurídica y política de la estrategia bilateral de apertura en el comercio exterior seguida por Chile a partir de los años 90, cuya expresión más elocuente son los acuerdos de complementación económica, como el Acuerdo 16, y en años recientes los tratados de libre comercio. La mejor opción sería iniciar los mecanismos formales de consulta en la OMC, lo cual es compatible con una vía política-diplomática activa y exitosa en el corto plazo, que involucre no sólo los mejores esfuerzos de suministro por parte del gobierno argentino, sino también un diseño más amplio de integración energética en la región, incluyendo países como Perú y Brasil. En el mediano y largo plazo, será necesario no sólo reestructurar la matriz energética sino también diversificar fuentes de suministro de gas natural, para incluir gasoductos adicionales con terceros países cercanos geográficamente y sistemas de licuación, transporte marítimo y regasificación para suministros provenientes de países más lejanos. La integración subregional y regional en Latinoamérica es una necesidad económica, en materia energética, no sólo para Chile sino también para varios otros países de la región (incluyendo Argentina). Por ello, no basta sólo pensar en acciones legales para hacer cumplir las normas de la OMC o el Acuerdo 16, debiéndose además rediseñar el débil andamiaje jurídico de la integración, incluyendo un sistema eficaz de solución de controversias e incumplimientos.

PARTICIPACION CIUDADANA O DERECHO DE LA ELITE POLITICA

La postransición chilena a la democracia para algunos, la consolidación de la democracia a mi entender ha generado enormes desafíos a los gobiernos de la Concertación. Esto se traduce en el programa "cultural" de la coalición, llámese programa cultural en términos de consulta ciudadana, participación y políticas inclusivas de desarrollo, en donde se generen los escenarios para visualizar y difundir una política de calidad.
Sin embargo estimo que en este proceso de mayor democratización aún existen insuficiencias del modelo electoral y de mercado heredado por la dictadura. Digo esto porque creo que no se puede hablar de un proceso óptimo de democratización cuando existe un malestar de la población y de sobremanera de los jóvenes en aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, en donde la voz de los jóvenes no se hace presente en las grandes desiciones de país.
Pese al crecimiento económico, al aumento de las inversiones en educación y salud y de la mayor tolerancia cultural, los jóvenes se sienten excluidos en la generación de ideas, propuestas y soluciones, ya que existe esa otra dictadura, que aún cuando no viola los derechos humanos, sí mata la ilusión, el involucramiento y el encanto de los jóvenes por la educación cívica que lleva consigo una buena calidad de la política
A mi entender la calidad de la política se basa principalmente en que todos los espectros del abanico político tengan la debida y democrática representatividad y por otro lado los nuevos líderes del Chile del bicentenario tengan la oportunidad de transformarse en el pilar fundamental en la implementación de políticas publicas que hablen de un país en pleno desarrollo.
Intentando ir más allá de los juicios a menudo grandilocuentes referidos a un supuesto estado de "crisis" de la democracia, de la representación, de los actores políticos y, por lo tanto, de la propia política, una parte de la literatura científica se ha interesado en mejorar el ejercicio de la actividad política. En tal sentido, se trata de una literatura que asume y reconoce su afán normativo, cuya expresión y puesta en forma académica es lo que se conoce como "calidad de la política".
Sin embargo, para que este tipo de aproximaciones fuesen posibles, resultaba necesario concordar en la constatación, hoy evidente, de una política que ha perdido relevancia, pertinencia, representatividad, eventualmente nobleza y seriedad, y de seguro centralidad por causas y razones extremadamente complejas. A partir de una reflexión acerca de la actividad política en nuestro país a través del escrutinio de los actores que habitan o incursionan decisivamente en el campo político, será posible avanzar en modalidades de tratamiento destinadas a producir una política de mejor calidad, lo cual supone a mi humilde entender establecer parámetros mínimos que permitan reconocer una actividad política como deficiente.
Cualquier tipo de intervención correctora de la brecha democrática existente entre representantes y representados a través de la acción publica debe asentarse de
modo realista en las propiedades generales del campo político y en un interés y seguimiento del juego político que dista mucho de ser racional, regular y constante por parte de los ciudadanos comunes y corrientes. En tal sentido, una eventual acción publica correctora de esta brecha, tendiente a mejorar la calidad de la actividad política, debe en primer lugar relativizar, o si se prefiere atenuar, el carácter profesional de los agentes políticos y de sus praxis en torno a ella, particularmente a través de las medidas que reduzcan y eliminen las ocasiones y los riesgos de "contaminación" de la lógica democrática del campo político por intereses privados (especialmente los que se refieren y se encuentran localizados en las regiones económicas del espacio social), o de redefinición del interés público o del bien común por intereses particulares.
Reconociendo el carácter deseable de la participación de la sociedad y en especial de los jóvenes en política, solo puede intervenir sobre los incentivos para la participación, tanto en el plano electoral, profesional y transparente de la actividad política:
• Regulación de las lógicas de salida del sector publico, especialmente después de haber ocupado posiciones estratégicas o sensibles en los sectores económicos gubernamentales, y de entrada al ámbito privado, generalmente empresarial.
• Financiamiento público de las campañas electorales, en donde el registro electoral controle y sea el ente fiscalizador de estas practicas, de modo de transparentar los mecanismos privados de financiamiento.
• En el ámbito parlamentario, considerando el fuerte y paulatino deterioro de la credibilidad del parlamento por parte del ciudadano común, según encuestas existentes en nuestro país, resulta importante no solo hacer formalmente publico sino solemnizar la oficialización del reajuste anual del sistema de remuneraciones "la dieta parlamentaria", a través de las praxis de pedagogía cívica mediante las cuales se explique al ciudadano común y elector los fines de dicho sistema de remuneraciones.
• Introducir la obligatoriedad de la rendición publica y solemne de cuentas anual de la actividad de cada autoridad política unipersonal electa (en el sistema político chilensis, Presidente de la Republica, Senadores, Diputados y Alcaldes)
• Reducir la posibilidad de ser reelecto diputado, senador y alcalde a dos periodos.
• Rediciendo los costos (en tiempo y energía) para la inscripción en los registros electorales, transitando hacia un sistema de inscripción automática y de voto voluntario.
• Reduciendo los aspectos de la participación electoral del ciudadano, eliminando no solo la obligatoriedad del voto, sino que también de la vocalía de mesa, lo cual supone transitar (como la lo han hecho las casi totalidad de las democracias europeas) hacia un sistema remunerado de ejercicio de la función de vocal de mesa, o de compensación de dicho desempeño a cambio de dos días libres de trabajo laboral.
• Regular la difusión de los resultados de las encuestas de opinión y la producción de dichos estudios, mediante la obligatoriedad de dar a conocer enteramente y de modo perfectamente transparente los respectivos diseños muestrales, con sus ventajas y limites.
• Multiplicidad, desde el ámbito local hasta el nacional, los esquemas de democracia directa y semi-directa: plebiscitos, referéndums de iniciativa
popular, consultas no necesariamente vinculantes, presupuestos participativos.
• Buscar los lineamientos en que se regule y se transparente el gasto fiscal, considerando además la regulación y fiscalización de los individuos que tengan acceso a información secreta y privilegiada por parte de la SVS como ente regulador.
Este documento de reflexión no es escrito con un carácter político científico, sino más bien con un carácter de visión democratizadora, en donde pretendo plasmar acciones publicas correctivas que van desde el espacio profesionalizado, diferenciado hasta el ámbito profano de ciudadanos muy desigualmente atentos e interesados por la política.