Apoyo a la Concreción de Inversiones Competitivas en el Sector Energético

La eficiencia energética cumple una función importante en la satisfacción de las necesidades del país. Sin embargo, la observación comparativa de las situaciones de Chile con países de mayor nivel de desarrollo muestra que, aun cuando se implemente decidida y eficazmente una política de eficiencia energética, el aumento del consumo energético, en particular dentro del sector eléctrico, es una consecuencia inevitable del crecimiento económico.

Por ello, aún si se logra una intensidad energética menor a medida que crezca el PIB, el crecimiento del ingreso per capita traerá aparejado un mayor consumo per capita de energía. En consecuencia, es esencial asegurar que las inversiones necesarias para satisfacer los requerimientos del crecimiento económico estén disponibles oportunamente. Para cumplir con este desafío, se ha desarrollado un conjunto de acciones, en particular dentro del sector eléctrico, en materias regulatorias e institucionales.

El apoyo a las inversiones permite mejorar la seguridad de largo plazo, pues garantiza que el volumen de inversiones necesarias para sustentar el crecimiento económico y las otras necesidades de la sociedad se realicen efectivamente, tendiendo a apoyar también precios menores en el largo plazo.

Adicionalmente, se debe velar porque las inversiones efectivas sean aquellas que apoyen, a través de bajos costos, la competitividad de nuestro país.

Para enfrentar estos desafíos mis estimados lectores, es esencial que el Estado ayude a reducir la incertidumbre para los inversionistas y los costos de transacción de los proyectos. Asimismo, se debe contar con una regulación en la cual los precios reflejen los costos asociados, que entregue estabilidad para el largo plazo y que estimule mercados energéticos más competitivos, ampliando el número de actores y mejorando su funcionamiento.

PROMOCION Y FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

En un contexto de demanda creciente por energía cuyas fuentes de producción están sujetas a exigencias cada vez mayores de sustentabilidad ambiental y de restricciones sobre el uso de los recursos y el territorio, no basta con el enfoque tradicional de aumentar la oferta de energía para hacer frente a las necesidades. Se hace indispensable en Chile consolidar el uso eficiente de la energía como un objetivo estratégico del desarrollo sustentable, como se ha visto en los países desarrollados, de modo de hacer frente al desafío de mantener la demanda en el mínimo necesario para nuestras necesidades.

La eficiencia energética, entendida como la cantidad de energía mínima necesaria para producir una unidad de actividad económica o para satisfacer las necesidades de la población (iluminación, calefacción, movilidad, etc.) manteniendo un determinado nivel de servicio o confort, permite:

Reducir la extracción, generación, importación, transformación, transmisión y distribución de energía, con el consiguiente impacto positivo tanto en el ámbito ambiental, de seguridad energética y en el uso alternativo de recursos escasos de inversión;

Reducir los costos de producción e impactos ambientales asociados al uso de la energía, haciendo un uso más eficiente de los recursos y, por ende, mejorando la competitividad del país;

Reducir el gasto en energía, especialmente de los sectores de bajos ingresos para los cuales dicho gasto suele ser un porcentaje elevado de su presupuesto y, a la vez, aumentar su calidad de vida, cooperando con la equidad del desarrollo energético.

Las razones recién expuestas explican por qué el uso eficiente de la energía ha sido incorporado en las políticas de muchos países desde hace varias décadas, pues es una oportunidad de aumentar seguridad y eficiencia reduciendo impactos. Estas políticas permitieron el “desacoplamiento” entre el consumo de energía y el PIB en muchos países desarrollados a partir de la primera crisis del petróleo hace más de treinta años, generando una experiencia internacional acumulada que representa para Chile una oportunidad de incorporar las mejores prácticas, políticas y tecnologías actuales.

Las políticas energéticas de Chile y su apertura al Mundo

La inserción de Chile en el contexto internacional y el reconocimiento de la importancia de los organismos internacionales en la comprensión y la regulación de procesos económicos y sociales cada vez más globalizados, determinen la búsqueda de una participación activa en organizaciones internacionales pertinentes.

Esta participación es también un aporte global a la política, al permitir identificar las mejores prácticas en diferentes contextos, así como experiencias exitosas y fallidas, lo cual puede tener especial relevancia en algunos de los temas de la política pública en los que existe un menor nivel de experiencia (seguridad, sustentabilidad, equidad), aportando
un punto de referencia sobre el cual construir las políticas e institucionalidad propias.

El Estado debe articular adecuadamente su participación en instituciones internacionales, de manera de añadir al acervo de conocimiento público y difundir entre los agentes pertinentes la información que sea útil para mejorar la toma de decisiones, tanto pública como privada. En ese sentido, se ha establecido una relación más estrecha con actores importantes como la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en materia de análisis de las políticas energéticas chilenas. Se ha podido contar con la presencia de expertos de estas agencias en diversas actividades, pero se debe destacar sobre todo el comienzo de un estudio en profundidad de la situación energética y de la política energética chilena que realizará la AIE entre noviembre de 2008 y junio de 2009, y una revisión de nuestra situación de eficiencia energética que realizará la APEC.

Chile ha mostrado un rol activo en instituciones internacionales relacionadas con la energía a través del apoyo, desde un primer momento, a la iniciativa de la República Federal de Alemania para la creación de la International Renewable Energy Agency (IRENA), como un mecanismo efectivo para promover el desarrollo mundial de tecnologías basadas en fuentes renovables. En la actualidad, esta institución ha alcanzado el apoyo de suficientes estados como para ser fundada oficialmente a comienzos del año 2009.

Chile también participa activamente en las instancias regionales en las que se analizan, coordinan y diseñan políticas energéticas, como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el Grupo de Expertos de Energía de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), la Asociación Iberoamericana de Reguladores de la Energía (ARIAE) y el Subgrupo de Trabajo de Energía del Mercosur. Chile participa además en el Energy Working Group de APEC.

Estimados amigos lectores nuestro país tiene mucho que entregar y dar a conocer en materias de desarrollo energético sustentable, es por ello que sostengo que un país energéticamente desarrollado es un país que va a pasos agigantados hacia el desarrollo.

DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE V/S FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La base para cualquier política se encuentra en las instituciones adecuadas. Para que las políticas puedan ser implementadas de manera articulada y coherente, se requiere un marco de organizaciones y normativas legales. Por ello, una línea esencial de la política consiste en hacer frente al desafío de diseñar el marco institucional, incluyendo
las organizaciones, que permitan actuar sobre los mercados de manera efectiva, y fortalecer a estos organismos con los recursos y capacidades que les permitan operar eficientemente.

En las últimas décadas muchos países del mundo, incluyendo Chile, han optado por modelos económicos en lo cuales el sector privado tiene una participación central en la provisión de servicios básicos y el Estado interviene básicamente a través de la regulación. Esto requiere estructuras encargadas de formular políticas de desarrollo y de ejercer la rectoría del sector a través de acciones acordes con esta realidad, las cuales pueden resumirse en cuatro grandes tareas:

Formulación y evaluación de políticas públicas (orientaciones, planes, programas y decisiones sobre el establecimiento y aplicación de normas jurídicas) que determinarán el marco global de la actividad.

Formulación de normas específicas (“regulación técnico-económica”) referidas a precios o tarifas, calidad en el ejercicio de la actividad o condiciones de acceso a las redes monopólicas.

Fiscalización del cumplimiento de las normas y la aplicación de sanciones.

Resolución de conflictos entre agentes privados, o entre éstos y el Estado.


La actual estructura institucional no responde a las necesidades crecientes de coordinación en las responsabilidades institucionales, de coherencia entre responsabilidades y atribuciones, de mayor focalización en la generación de políticas públicas sectoriales y de unificación en la supervigilancia de los distintos órganos con competencias en el sector.

El diseño de la actual institucionalidad, así como sus recursos y capacidades, proviene de un contexto político, social y económico radicalmente diferente, por lo que no responden a los requerimientos de análisis de largo plazo y acción sobre los ámbitos de mayor importancia para enfrentar los desafíos actuales.