El significativo aporte de las ERNC y del UEEE al abastecimiento eléctrico del SIC, estimado en alrededor de 39.767 GWh/año (7.142 MW) en el escenario dinámico medio; y en alrededor de 56.500 GWh/año (9.800 MW) en el escenario dinámico-plus al año 2025, suponen una contribución importantísima a la seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. Esto significa una reducción de la vulnerabilidad y mejoramiento de la calidad de los servicios energéticos; disminución de la dependencia energética; aumento de la competitividad y productividad de las empresas; reducción de los impactos ambientales locales asociados a la producción y uso de la energía; incremento del empleo y reducción de la inequidad social, y avance en el cumplimiento de la agenda ambiental nacional e internacional.
Materializar los potenciales señalados requiere superar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las ERNC y que el mercado opere plenamente en la asignación de recursos técnicos, económicos, institucionales y culturales destinados al UEEE (Uso Eficiente de la Energía Eléctrica). Los esfuerzos han de realizarse, si se requiere avanzar decididamente en el establecimiento de políticas de fomento de las ERNC y la eficiencia energética, que cuenten con respaldo político y recursos humanos, financieros y tecnológicos consistentes con la envergadura del desafío que debe enfrentar nuestro país.
Dichas políticas deben apuntar al establecimiento de una institucionalidad robusta para las ERNC y el UEE, que incorpore no sólo instituciones rectoras sino también un conjunto de normativas e incentivos y cuya eficacia asegure las sinergias entre ellas. Normalmente, estas políticas incluyen: programas de capacitación y difusión, mecanismos de financiamiento de pre-inversión e inversión, subsidios, medidas fiscales, cuotas y/o tarifas, exigencias a las empresas energo-intensivas, acuerdos voluntarios y estándares mínimos, entre otros.
Una política proactiva en ERNC y UEE requiere la creación de centros o agencias nacionales de Energías Renovables y de Eficiencia Energética, dependientes del Ministerio de Energía, pero con autonomía operativa y suficientes recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros que permitan enfrentar en forma sistemática y continua los desafíos que supone la satisfacción de los requerimientos energéticos del país y avanzar en metas de largo plazo. Esta política debería promover el desarrollo de infraestructura tecnológica, capital humano y capacidades de servicios para la gestión de recursos naturales energéticos y la innovación tecnológica necesaria para la transferencia y adaptación que requiere el desarrollo de las energías limpias.
Materializar los potenciales señalados requiere superar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las ERNC y que el mercado opere plenamente en la asignación de recursos técnicos, económicos, institucionales y culturales destinados al UEEE (Uso Eficiente de la Energía Eléctrica). Los esfuerzos han de realizarse, si se requiere avanzar decididamente en el establecimiento de políticas de fomento de las ERNC y la eficiencia energética, que cuenten con respaldo político y recursos humanos, financieros y tecnológicos consistentes con la envergadura del desafío que debe enfrentar nuestro país.
Dichas políticas deben apuntar al establecimiento de una institucionalidad robusta para las ERNC y el UEE, que incorpore no sólo instituciones rectoras sino también un conjunto de normativas e incentivos y cuya eficacia asegure las sinergias entre ellas. Normalmente, estas políticas incluyen: programas de capacitación y difusión, mecanismos de financiamiento de pre-inversión e inversión, subsidios, medidas fiscales, cuotas y/o tarifas, exigencias a las empresas energo-intensivas, acuerdos voluntarios y estándares mínimos, entre otros.
Una política proactiva en ERNC y UEE requiere la creación de centros o agencias nacionales de Energías Renovables y de Eficiencia Energética, dependientes del Ministerio de Energía, pero con autonomía operativa y suficientes recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros que permitan enfrentar en forma sistemática y continua los desafíos que supone la satisfacción de los requerimientos energéticos del país y avanzar en metas de largo plazo. Esta política debería promover el desarrollo de infraestructura tecnológica, capital humano y capacidades de servicios para la gestión de recursos naturales energéticos y la innovación tecnológica necesaria para la transferencia y adaptación que requiere el desarrollo de las energías limpias.
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