Con anterioridad a las reformas implementadas durante el gobierno de Michelle Bachelet, el sector energético contaba con un marco regulatorio a partir del cual, en la práctica, las decisiones de política energética no estaban realmente en manos de nadie, lo que se prestaba para que las decisiones de maximización de rentabilidad tomadas independientemente por los privados fueran las que determinaban de manera exclusiva la estructura del sector.
Además, había un vacío institucional respecto a funciones cada vez más relevantes y se carecía de una capacidad analítica suficiente para ir generando las respuestas de política necesarias para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentaba el país. Era indispensable realizar una reforma estructural que no sólo permitiera que Chile pudiese hacer frente a las eventuales crisis, sino que también le garantizara contar en el mediano y largo plazo con la energía suficiente en forma competitiva, sustentable y equitativa.
Así, la principal transformación apuntó a modificar la institucionalidad energética en el sector público. Hasta ese minuto las materias energéticas eran foco de atención en el sector público sólo cuando había una crisis, las decisiones se repartían entre los ministros de Economía y Minería, y una vez superada la emergencia no quedaba nadie como responsable del sector ya que ambos ministros tenían responsabilidades apremiantes en sus respectivas áreas. Las únicas instituciones especializadas no tenían atribuciones ni vocación de formulación e implementación de política. La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) tenía como función la fiscalización mientras que la Comisión Nacional de Energía (CNE) actuaba más bien como ente regulador.
De este modo el Ejecutivo envío un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso y en el que se creaba el ministerio de Energía al que se le transfirieron todas las facultades y atribuciones que tenían los de Economía y Minería respecto a materias energéticas, bajo su dependencia quedaron la SEC, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la CNE y la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Por otra parte, se crearon dos nuevas instituciones, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y el Centro de Energías Renovables, con el objeto de llenar los vacíos institucionales que existían en términos de implementación de políticas de eficiencia energética y de facilitación del desarrollo de proyectos y de transferencia de tecnologías de las nuevas energías renovables.
Estimados amigos lectores es importante conocer la función que desarrolla el nuevo Ministerio de Energía en donde se asumen los desafíos que se nos presentan como nación a largo plazo, como por ejemplo hacer un uso eficiente de la energía, aumentar la oferta para satisfacer los requerimientos futuros, diversificar la matriz energética del país para reducir la vulnerabilidad, conciliar el desarrollo energético requerido con el cuidado del medio ambiente, considerando tanto los impactos locales como los globales, más allá del marketeo político electoralista que hace su actual ministro.
Además, había un vacío institucional respecto a funciones cada vez más relevantes y se carecía de una capacidad analítica suficiente para ir generando las respuestas de política necesarias para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentaba el país. Era indispensable realizar una reforma estructural que no sólo permitiera que Chile pudiese hacer frente a las eventuales crisis, sino que también le garantizara contar en el mediano y largo plazo con la energía suficiente en forma competitiva, sustentable y equitativa.
Así, la principal transformación apuntó a modificar la institucionalidad energética en el sector público. Hasta ese minuto las materias energéticas eran foco de atención en el sector público sólo cuando había una crisis, las decisiones se repartían entre los ministros de Economía y Minería, y una vez superada la emergencia no quedaba nadie como responsable del sector ya que ambos ministros tenían responsabilidades apremiantes en sus respectivas áreas. Las únicas instituciones especializadas no tenían atribuciones ni vocación de formulación e implementación de política. La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) tenía como función la fiscalización mientras que la Comisión Nacional de Energía (CNE) actuaba más bien como ente regulador.
De este modo el Ejecutivo envío un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso y en el que se creaba el ministerio de Energía al que se le transfirieron todas las facultades y atribuciones que tenían los de Economía y Minería respecto a materias energéticas, bajo su dependencia quedaron la SEC, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la CNE y la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Por otra parte, se crearon dos nuevas instituciones, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y el Centro de Energías Renovables, con el objeto de llenar los vacíos institucionales que existían en términos de implementación de políticas de eficiencia energética y de facilitación del desarrollo de proyectos y de transferencia de tecnologías de las nuevas energías renovables.
Estimados amigos lectores es importante conocer la función que desarrolla el nuevo Ministerio de Energía en donde se asumen los desafíos que se nos presentan como nación a largo plazo, como por ejemplo hacer un uso eficiente de la energía, aumentar la oferta para satisfacer los requerimientos futuros, diversificar la matriz energética del país para reducir la vulnerabilidad, conciliar el desarrollo energético requerido con el cuidado del medio ambiente, considerando tanto los impactos locales como los globales, más allá del marketeo político electoralista que hace su actual ministro.
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