Una de las principales críticas realizadas por los detractores al proyecto HidroAysén han sido los insuficientes antecedentes entregados en materia de impacto social, en las zonas afectadas por el emprendimiento y su poco clara política de relocalización, situación que se hace relevante después de lo sucedido en la construcción de la central Ralco en el alto Bíobío, zona que en la actualidad se encuentra pagando un alto costo social por un proyecto que al igual que HidroAysén pertenece a Endesa.
HidroAysén ha tratado a la comunidad afectada bajo la figura de la propiedad, es decir, considera afectados a quienes tienen propiedades en las zonas intervenidas, a pesar de que la iniciativa impacta también al resto de la población, destacando a su parecer, que no existe un concepto de lo social dentro de los estudios realizados. En muy pocas ocasiones han tratado con ese grupo humano como un grupo. Siempre han ido de casa en casa tratando con cada dueño de predio por aparte. Nunca han tratado con la comunidad en su totalidad y eso ha dado lugar a una subestimación de la importancia de esa comunidad para la gente que vive en ella. El plan de relocalización no contempla de ninguna manera reponer los lazos comunitarios que se perderían en el caso de la relocalización.
El escenario actual responde a que la provincia de Capitán Prat posee muy pocos terrenos aptos para la ganadería, siendo el mejor de ellos, justamente el territorio a inundar, no existiendo lugares de similares características, lo que en definitiva origina la sensación de que quien no negocia de inmediato con la empresa, recibirá los peores terrenos.
Es por ello mis amigos lectores que los impactos sociales ya están afectando a los cochraninos y a los habitantes de Capitán Prat, situación que debiese contemplarse como impacto del proyecto HidroAysén. Creo que eso debiera contemplarse como un impacto del proyecto, aún cuando la iniciativa ni siquiera ha comenzado a andar.
HidroAysén ha tratado a la comunidad afectada bajo la figura de la propiedad, es decir, considera afectados a quienes tienen propiedades en las zonas intervenidas, a pesar de que la iniciativa impacta también al resto de la población, destacando a su parecer, que no existe un concepto de lo social dentro de los estudios realizados. En muy pocas ocasiones han tratado con ese grupo humano como un grupo. Siempre han ido de casa en casa tratando con cada dueño de predio por aparte. Nunca han tratado con la comunidad en su totalidad y eso ha dado lugar a una subestimación de la importancia de esa comunidad para la gente que vive en ella. El plan de relocalización no contempla de ninguna manera reponer los lazos comunitarios que se perderían en el caso de la relocalización.
El escenario actual responde a que la provincia de Capitán Prat posee muy pocos terrenos aptos para la ganadería, siendo el mejor de ellos, justamente el territorio a inundar, no existiendo lugares de similares características, lo que en definitiva origina la sensación de que quien no negocia de inmediato con la empresa, recibirá los peores terrenos.
Es por ello mis amigos lectores que los impactos sociales ya están afectando a los cochraninos y a los habitantes de Capitán Prat, situación que debiese contemplarse como impacto del proyecto HidroAysén. Creo que eso debiera contemplarse como un impacto del proyecto, aún cuando la iniciativa ni siquiera ha comenzado a andar.
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