Un proceso de reforma participativo y conducido con liderazgo, sería uno de los hitos relevantes que nuestro país debiese apuntar en un corto y mediano plazo. Son varios los factores que hacen indispensable una profunda reforma a la política energética chilena. Es notorio el ruido que están haciendo diversos proyectos de generación eléctrica en evaluación, lo cual sugiere que el modelo no satisface las expectativas de una población cada vez más involucrada en estos asuntos.
La creciente resistencia a los proyectos energéticos en base a carbón nos hace pensar que las inversiones en plantas termoeléctricas serán cada vez más riesgosas y caras. Las empresas, de hecho, ya se enfrentan a altos costos, incertidumbre en la obtención de sus permisos, mayores exigencias ambientales y conflictos sociales que pueden retrasar la aprobación de un proyecto por años, con los costos que eso implica. En contraste, los proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC) gozan de una mejor aceptación de la gente y sus tiempos de tramitación son significativamente más acotados.
Las ERNC no deberían traducirse en un alza importante del precio de la energía. Si hoy estas fuentes no superan el 2%, ¿por qué pagamos uno de los precios de electricidad más altos del mundo? Si Chile adscribe a la meta del 20% de energías renovables para el 2020, más allá de algunos discursos, es una meta que debería estar en la ley, el precio del valor domiciliario de la energía no aumentaría más de 2%. El fomento de energías limpias, junto a la eficiencia energética, la introducción del sistema feed-in tariff o generación doméstica, y la mayor inversión del sector minero en ERNC (su alto consumo los hace más responsable) son herramientas al alcance de un país con el grado de desarrollo de Chile.
Estimados amigos lectores creo que la reformulación de los criterios en los que se basa la política energética chilena nos permitiría encontrar una nueva forma para lograr un suministro fiable, a un precio razonable, con menores impactos ambientales y con una distribución equitativa tanto de los beneficios, como de los costos.
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