Ante el rechazo de centrales termoeléctricas como Barrancones y la oposición que generan otras iniciativas, como Hidroaysén, se ha transformado un lugar común proponer como alternativa un mayor desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC), es decir, aquellas que son amigables con el medio ambiente. Sin embargo, estas fuentes renovables, que no superan el 5% de la producción energética nacional, también suelen encontrar oposición debido a que los parques eólicos requieren lugares ventosos, las centrales hídricas donde haya agua, y la geotermia requiere lugares donde haya una fuerte gradiente térmica. Desgraciadamente esto suele coincidir con lugares apartados y de extraordinaria belleza, o incluso en zonas protegidas.
La geotermia, en particular, constituye una fuente energética muy atractiva para países como Chile, que se encuentran en el “cinturón de fuego” del Pacífico, con zonas volcánicas de las que es posible obtener agua a mayor temperatura, que luego se vuelve a inyectar. De este modo, con nulo impacto ambiental, se puede obtener electricidad a un costo de inversión inicial relativamente mayor, pero mínimo costo operacional, lo que la transforma en la energía renovable más conveniente, después de las centrales de pasada, por sobre la energía eólica y la solar. De hecho, en el mundo ya se explota en 24 países distintos y abastece a más de 50 millones de habitantes.
Por el caso de los mineros enterrados en Copiapó, hemos podido observar el calor en el subsuelo chileno, y cómo las sondas penetran entre las rocas para llegar a su objetivo. Aunque existen diversas iniciativas, ya han transcurrido más de diez años desde que se dictó la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica y todavía no se ha ejecutado ninguna central de este tipo. Es más, el lamentable episodio de El Tatio, con su simbólica fumarola, estuvo a punto de estigmatizar para siempre la geotermia. Para agilizar esta fuente renovable es necesario revisar la ley que la regula. Se trata de una ley minera, más que una normativa de carácter energético. Además obliga a concesionar toda energía geotérmica, en circunstancias que ya numerosas empresas han instalado sistemas individuales de calentamiento de agua, con importantes ahorros y beneficios ambientales. De hecho, se quería implementar lo mismo para el Palacio de La Moneda. En estricto rigor, de acuerdo a la ley vigente, esos sistemas son ilegales pues no han sido concesionados.
Estimados amigos lectores más allá de las necesarias modificaciones legales, para impulsar la geotermia en Chile se hace indispensable modificar los criterios de otorgamiento de las concesiones de exploración por parte del Ministerio de Minería, antes, y de Energía, hoy. En efecto, se han realizado diversas licitaciones públicas de sectores considerados “fuentes probables”, pero estos procesos han sido engorrosos, lentos y objeto de muchos reclamos, por lo que hemos perdido tiempo valioso como país. Es lo que habitualmente sucede cuando en vez de asignar la concesión en un remate público, abierto y transparente, otorgándosela al que la valore más y contribuya de paso con más recursos al Fisco, se le otorga al que tiene mayor capacidad de llenar interminables formularios y discutibles supuestos burocráticos.
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