Reflexión sobre la opción política y la responsabilidad del Estado respecto al tema energético

A partir de la crisis del gas natural se comenzó a instalar una discusión seria sobre nuestro desarrollo energético en el largo plazo. En el discurso de los especialistas, en los círculos económicos y en la ciudadanía apareció la demanda al Gobierno por plantear una estrategia e, incluso, implementar alguna forma de planificación para el futuro. Donde más se han acentuado estos requerimientos es en el ámbito de la producción de electricidad, ello más por razones económicas y de seguridad energética que por consideraciones ambientales.

Cerrada la opción de un desarrollo en base a gas natural, junto con el aumento de los precios internacionales de los combustibles fósiles, por primera vez se suscita consenso en torno a conceptos tales como la diversificación de la matriz energética particularmente eléctrica y se comienza a mirar con seriedad las fuentes de energía renovables no convencionales, aspectos que ya han sido acogidos por el Gobierno.

Sin embargo, luego de cuatro años de declarado el fin del imperio del gas natural la reacción del mercado en cuanto a diversificación es tímida; si se observa el programa de instalación de centrales eléctricas entre 2008 y 2017 puede verse entre las que se encuentran en construcción y las declaradas en los planes de las empresas, que de un total de 6720 MW, el 62% continúa siendo en base a carbón y petróleo, un 33,6% es hidroelectricidad, y un 4,4% es la suma de energía eólica y geotermia; la energía nuclear, si bien no se descarta, no entra en este plan porque no maduraría técnicamente hasta aproximadamente el año 2022.

Cabe preguntarse entonces qué instrumentos deben diseñarse e implementarse para estimular un desarrollo eficiente desde el punto de vista económico, político, social y ambiental. Determinantes serán los precios relativos, y es hora de estudiar seriamente el reemplazo de los impuestos actuales a los combustibles, diseñados para financiar el desarrollo vial, por otros basados en los costos relativos de las emisiones de contaminantes que cada uno aporta. Probablemente este sería un instrumento más eficiente que la imposición de cuotas para algunas tecnologías, sin perjuicio de que eso sea también válido. Sin embargo, para ser efectivos deben estar enmarcados en una estrategia de largo plazo conocida, razonablemente concensuada, que se constituya en una Política de Estado, de modo que todos los actores puedan tomar decisiones y avanzar en forma coherente, y especialmente para que los diversos organismos del Estado actúen en sintonía con los objetivos acordados.

Una condición indispensable para semejante proceso es la existencia de liderazgo, de al menos un Estado que asuma la iniciativa y algunos de los costos, tanto políticos como económicos. Es por ello mis amigos lectores que cuando el Estado y la clase política hacen planteamientos y propuestas lo deben hacer pensando en las futuras generaciones que serán parte de esta hermosa faja de tierra llamada Chile.