Estimados amigos lectores para analizar la crisis energética que nos afecta hasta nuestros días como país es necesario retroceder a la génesis que provoco dicho escenario.
En abril de 2004 el gobierno argentino tomó la decisión de privilegiar el consumo interno de gas natural frente a los compromisos de exportación con Chile, ignorando los términos del Protocolo de Integración Gasífera. La industria y el sector eléctrico chileno se vieron enfrentados a la restricción de un combustible considerado seguro y esencial en el desarrollo de la matriz energética. Los eventos posteriores confirman que el sector energético chileno debe reconsiderar sus opciones de desarrollo futuro y revalorizar la diversificación, pero no se percibe claridad en cómo lograr dicho ajuste con el menor costo posible para consumidores y empresas.
En abril de 2004 el gobierno argentino tomó la decisión de privilegiar el consumo interno de gas natural frente a los compromisos de exportación con Chile, ignorando los términos del Protocolo de Integración Gasífera. La industria y el sector eléctrico chileno se vieron enfrentados a la restricción de un combustible considerado seguro y esencial en el desarrollo de la matriz energética. Los eventos posteriores confirman que el sector energético chileno debe reconsiderar sus opciones de desarrollo futuro y revalorizar la diversificación, pero no se percibe claridad en cómo lograr dicho ajuste con el menor costo posible para consumidores y empresas.
En el corto plazo está el problema operativo de sustituir a un alto costo parte del gas natural que requiere la industria actualmente instalada, tanto eléctrica como no eléctrica; para el largo plazo, la decisión de qué energético utilizar para aumentar la capacidad productiva industrial y eléctrica. En el sector eléctrico la incertidumbre desde principios de 2004 paralizó el desarrollo de proyectos destinados a aumentar la capacidad entre 2006 y 2008 y por ello en dicho período podría haber restricciones de consumo. Para evitar ese escenario se requiere una política gubernamental clara y de largo aliento, dado que las señales del regulador y del mercado interactúan para guiar las decisiones de producción y de inversión.
El problema es decidir una combinación de fuentes y tecnologías con niveles de costo y riesgo de suministro adecuados a la realidad del país. Las opciones genéricas más viables a los costos actuales incluyen gas natural licuado, carbón, geotermia e hidroelectricidad, entre otras. Las decisiones de inversión se ven dificultadas por la incertidumbre respecto a los precios esperados de la electricidad, ya que parte importante del consumo está sujeto al precio regulado por el Estado, y éste depende del criterio de la autoridad respecto a los combustibles cuyos costos serán referencia para calcular los precios.
Así, la incertidumbre de largo plazo respecto a la disponibilidad de gas argentino implica un riesgo que dificulta las decisiones actuales de inversión. No es posible predecir si efectivamente el "gas barato" desaparecerá del mercado, empujando el precio regulado hacia los costos de opciones más caras como GNL y carbón, o volverá en gloria y majestad en unos años, cuando las políticas en Argentina sufran otro golpe de timón, empujando los precios regulados a niveles tan bajos como los vistos durante los primeros años de ésta década. Las nuevas inversiones, entonces, enfrentan un precio de referencia y una rentabilidad impredecibles, por la incertidumbre respecto al comportamiento futuro del regulador.
La política lógica es profundizar la acción del mercado respecto de las señales de precios y costos. Se puede lograr un suministro económico y seguro a través de una política que combine la profundización de la competencia mediante contratos de largo plazo, con la responsabilidad a todo evento del productor frente a su cliente. Mientras los precios resulten de las negociaciones entre productores y consumidores, cada uno con sus expectativas de costos y precios alternativos a largo plazo, la industria logrará un equilibrio tecnológico y un grado de diversificación con costos y riesgos globales adecuados a nuestra economía.
El gobierno tiene en su mano reducir la incertidumbre de largo plazo a través de acciones concretas: acelerar la aplicación de la ley eléctrica que permite rebajar el límite de clientes libres, restringiendo así la importancia del precio regulado, sin afectar a los clientes residenciales; disponer que las distribuidoras liciten por separado su suministro para clientes regulados y clientes libres; y legislar para permitir que el suministro a las empresas distribuidoras se decida en licitaciones por precio, sin perjuicio de tomar los resguardos necesarios para que sean efectivamente competitivas. Paralelamente, debe eliminar la falta de claridad en torno al pago de la potencia en el mercado mayorista. Ninguna de estas medidas implica necesariamente aumentos de precios para los clientes pequeños; sin embargo, la postergación de una política adecuada y clara puede implicar para todo el país el alto precio de la energía que no se tiene.
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