La postransición chilena a la democracia para algunos, la consolidación de la democracia a mi entender ha generado enormes desafíos a los gobiernos de la Concertación. Esto se traduce en el programa "cultural" de la coalición, llámese programa cultural en términos de consulta ciudadana, participación y políticas inclusivas de desarrollo, en donde se generen los escenarios para visualizar y difundir una política de calidad.
Sin embargo estimo que en este proceso de mayor democratización aún existen insuficiencias del modelo electoral y de mercado heredado por la dictadura. Digo esto porque creo que no se puede hablar de un proceso óptimo de democratización cuando existe un malestar de la población y de sobremanera de los jóvenes en aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, en donde la voz de los jóvenes no se hace presente en las grandes desiciones de país.
Pese al crecimiento económico, al aumento de las inversiones en educación y salud y de la mayor tolerancia cultural, los jóvenes se sienten excluidos en la generación de ideas, propuestas y soluciones, ya que existe esa otra dictadura, que aún cuando no viola los derechos humanos, sí mata la ilusión, el involucramiento y el encanto de los jóvenes por la educación cívica que lleva consigo una buena calidad de la política
A mi entender la calidad de la política se basa principalmente en que todos los espectros del abanico político tengan la debida y democrática representatividad y por otro lado los nuevos líderes del Chile del bicentenario tengan la oportunidad de transformarse en el pilar fundamental en la implementación de políticas publicas que hablen de un país en pleno desarrollo.
Intentando ir más allá de los juicios a menudo grandilocuentes referidos a un supuesto estado de "crisis" de la democracia, de la representación, de los actores políticos y, por lo tanto, de la propia política, una parte de la literatura científica se ha interesado en mejorar el ejercicio de la actividad política. En tal sentido, se trata de una literatura que asume y reconoce su afán normativo, cuya expresión y puesta en forma académica es lo que se conoce como "calidad de la política".
Sin embargo, para que este tipo de aproximaciones fuesen posibles, resultaba necesario concordar en la constatación, hoy evidente, de una política que ha perdido relevancia, pertinencia, representatividad, eventualmente nobleza y seriedad, y de seguro centralidad por causas y razones extremadamente complejas. A partir de una reflexión acerca de la actividad política en nuestro país a través del escrutinio de los actores que habitan o incursionan decisivamente en el campo político, será posible avanzar en modalidades de tratamiento destinadas a producir una política de mejor calidad, lo cual supone a mi humilde entender establecer parámetros mínimos que permitan reconocer una actividad política como deficiente.
Cualquier tipo de intervención correctora de la brecha democrática existente entre representantes y representados a través de la acción publica debe asentarse de
modo realista en las propiedades generales del campo político y en un interés y seguimiento del juego político que dista mucho de ser racional, regular y constante por parte de los ciudadanos comunes y corrientes. En tal sentido, una eventual acción publica correctora de esta brecha, tendiente a mejorar la calidad de la actividad política, debe en primer lugar relativizar, o si se prefiere atenuar, el carácter profesional de los agentes políticos y de sus praxis en torno a ella, particularmente a través de las medidas que reduzcan y eliminen las ocasiones y los riesgos de "contaminación" de la lógica democrática del campo político por intereses privados (especialmente los que se refieren y se encuentran localizados en las regiones económicas del espacio social), o de redefinición del interés público o del bien común por intereses particulares.
Reconociendo el carácter deseable de la participación de la sociedad y en especial de los jóvenes en política, solo puede intervenir sobre los incentivos para la participación, tanto en el plano electoral, profesional y transparente de la actividad política:
• Regulación de las lógicas de salida del sector publico, especialmente después de haber ocupado posiciones estratégicas o sensibles en los sectores económicos gubernamentales, y de entrada al ámbito privado, generalmente empresarial.
• Financiamiento público de las campañas electorales, en donde el registro electoral controle y sea el ente fiscalizador de estas practicas, de modo de transparentar los mecanismos privados de financiamiento.
• En el ámbito parlamentario, considerando el fuerte y paulatino deterioro de la credibilidad del parlamento por parte del ciudadano común, según encuestas existentes en nuestro país, resulta importante no solo hacer formalmente publico sino solemnizar la oficialización del reajuste anual del sistema de remuneraciones "la dieta parlamentaria", a través de las praxis de pedagogía cívica mediante las cuales se explique al ciudadano común y elector los fines de dicho sistema de remuneraciones.
• Introducir la obligatoriedad de la rendición publica y solemne de cuentas anual de la actividad de cada autoridad política unipersonal electa (en el sistema político chilensis, Presidente de la Republica, Senadores, Diputados y Alcaldes)
• Reducir la posibilidad de ser reelecto diputado, senador y alcalde a dos periodos.
• Rediciendo los costos (en tiempo y energía) para la inscripción en los registros electorales, transitando hacia un sistema de inscripción automática y de voto voluntario.
• Reduciendo los aspectos de la participación electoral del ciudadano, eliminando no solo la obligatoriedad del voto, sino que también de la vocalía de mesa, lo cual supone transitar (como la lo han hecho las casi totalidad de las democracias europeas) hacia un sistema remunerado de ejercicio de la función de vocal de mesa, o de compensación de dicho desempeño a cambio de dos días libres de trabajo laboral.
• Regular la difusión de los resultados de las encuestas de opinión y la producción de dichos estudios, mediante la obligatoriedad de dar a conocer enteramente y de modo perfectamente transparente los respectivos diseños muestrales, con sus ventajas y limites.
• Multiplicidad, desde el ámbito local hasta el nacional, los esquemas de democracia directa y semi-directa: plebiscitos, referéndums de iniciativa
popular, consultas no necesariamente vinculantes, presupuestos participativos.
• Buscar los lineamientos en que se regule y se transparente el gasto fiscal, considerando además la regulación y fiscalización de los individuos que tengan acceso a información secreta y privilegiada por parte de la SVS como ente regulador.
Este documento de reflexión no es escrito con un carácter político científico, sino más bien con un carácter de visión democratizadora, en donde pretendo plasmar acciones publicas correctivas que van desde el espacio profesionalizado, diferenciado hasta el ámbito profano de ciudadanos muy desigualmente atentos e interesados por la política.
Sin embargo estimo que en este proceso de mayor democratización aún existen insuficiencias del modelo electoral y de mercado heredado por la dictadura. Digo esto porque creo que no se puede hablar de un proceso óptimo de democratización cuando existe un malestar de la población y de sobremanera de los jóvenes en aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, en donde la voz de los jóvenes no se hace presente en las grandes desiciones de país.
Pese al crecimiento económico, al aumento de las inversiones en educación y salud y de la mayor tolerancia cultural, los jóvenes se sienten excluidos en la generación de ideas, propuestas y soluciones, ya que existe esa otra dictadura, que aún cuando no viola los derechos humanos, sí mata la ilusión, el involucramiento y el encanto de los jóvenes por la educación cívica que lleva consigo una buena calidad de la política
A mi entender la calidad de la política se basa principalmente en que todos los espectros del abanico político tengan la debida y democrática representatividad y por otro lado los nuevos líderes del Chile del bicentenario tengan la oportunidad de transformarse en el pilar fundamental en la implementación de políticas publicas que hablen de un país en pleno desarrollo.
Intentando ir más allá de los juicios a menudo grandilocuentes referidos a un supuesto estado de "crisis" de la democracia, de la representación, de los actores políticos y, por lo tanto, de la propia política, una parte de la literatura científica se ha interesado en mejorar el ejercicio de la actividad política. En tal sentido, se trata de una literatura que asume y reconoce su afán normativo, cuya expresión y puesta en forma académica es lo que se conoce como "calidad de la política".
Sin embargo, para que este tipo de aproximaciones fuesen posibles, resultaba necesario concordar en la constatación, hoy evidente, de una política que ha perdido relevancia, pertinencia, representatividad, eventualmente nobleza y seriedad, y de seguro centralidad por causas y razones extremadamente complejas. A partir de una reflexión acerca de la actividad política en nuestro país a través del escrutinio de los actores que habitan o incursionan decisivamente en el campo político, será posible avanzar en modalidades de tratamiento destinadas a producir una política de mejor calidad, lo cual supone a mi humilde entender establecer parámetros mínimos que permitan reconocer una actividad política como deficiente.
Cualquier tipo de intervención correctora de la brecha democrática existente entre representantes y representados a través de la acción publica debe asentarse de
modo realista en las propiedades generales del campo político y en un interés y seguimiento del juego político que dista mucho de ser racional, regular y constante por parte de los ciudadanos comunes y corrientes. En tal sentido, una eventual acción publica correctora de esta brecha, tendiente a mejorar la calidad de la actividad política, debe en primer lugar relativizar, o si se prefiere atenuar, el carácter profesional de los agentes políticos y de sus praxis en torno a ella, particularmente a través de las medidas que reduzcan y eliminen las ocasiones y los riesgos de "contaminación" de la lógica democrática del campo político por intereses privados (especialmente los que se refieren y se encuentran localizados en las regiones económicas del espacio social), o de redefinición del interés público o del bien común por intereses particulares.
Reconociendo el carácter deseable de la participación de la sociedad y en especial de los jóvenes en política, solo puede intervenir sobre los incentivos para la participación, tanto en el plano electoral, profesional y transparente de la actividad política:
• Regulación de las lógicas de salida del sector publico, especialmente después de haber ocupado posiciones estratégicas o sensibles en los sectores económicos gubernamentales, y de entrada al ámbito privado, generalmente empresarial.
• Financiamiento público de las campañas electorales, en donde el registro electoral controle y sea el ente fiscalizador de estas practicas, de modo de transparentar los mecanismos privados de financiamiento.
• En el ámbito parlamentario, considerando el fuerte y paulatino deterioro de la credibilidad del parlamento por parte del ciudadano común, según encuestas existentes en nuestro país, resulta importante no solo hacer formalmente publico sino solemnizar la oficialización del reajuste anual del sistema de remuneraciones "la dieta parlamentaria", a través de las praxis de pedagogía cívica mediante las cuales se explique al ciudadano común y elector los fines de dicho sistema de remuneraciones.
• Introducir la obligatoriedad de la rendición publica y solemne de cuentas anual de la actividad de cada autoridad política unipersonal electa (en el sistema político chilensis, Presidente de la Republica, Senadores, Diputados y Alcaldes)
• Reducir la posibilidad de ser reelecto diputado, senador y alcalde a dos periodos.
• Rediciendo los costos (en tiempo y energía) para la inscripción en los registros electorales, transitando hacia un sistema de inscripción automática y de voto voluntario.
• Reduciendo los aspectos de la participación electoral del ciudadano, eliminando no solo la obligatoriedad del voto, sino que también de la vocalía de mesa, lo cual supone transitar (como la lo han hecho las casi totalidad de las democracias europeas) hacia un sistema remunerado de ejercicio de la función de vocal de mesa, o de compensación de dicho desempeño a cambio de dos días libres de trabajo laboral.
• Regular la difusión de los resultados de las encuestas de opinión y la producción de dichos estudios, mediante la obligatoriedad de dar a conocer enteramente y de modo perfectamente transparente los respectivos diseños muestrales, con sus ventajas y limites.
• Multiplicidad, desde el ámbito local hasta el nacional, los esquemas de democracia directa y semi-directa: plebiscitos, referéndums de iniciativa
popular, consultas no necesariamente vinculantes, presupuestos participativos.
• Buscar los lineamientos en que se regule y se transparente el gasto fiscal, considerando además la regulación y fiscalización de los individuos que tengan acceso a información secreta y privilegiada por parte de la SVS como ente regulador.
Este documento de reflexión no es escrito con un carácter político científico, sino más bien con un carácter de visión democratizadora, en donde pretendo plasmar acciones publicas correctivas que van desde el espacio profesionalizado, diferenciado hasta el ámbito profano de ciudadanos muy desigualmente atentos e interesados por la política.
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