Si bien es cierto que nuestro país tiene institucionalidad en materia energética como lo es el Ministerio de Energía, sin embargo no se han generado políticas públicas eficientes que tengan el carácter de política energética sustentable. Por otro lado, la institucionalidad ambiental encargada de evaluar los proyectos energéticos adolece de graves deficiencias. Megaproyectos como los de Campiche, Barrancones, Castilla e HidroAysén son ejemplos palmarios de este doble problema.
La ausencia de una política energética y la deficiente institucionalidad y regulación ambiental pueden conducir a resultados injustificadamente discriminatorios, tal como lo es el proyecto de estacionamientos subterráneos en nuestra ciudad de San Felipe, que no solo carece de argumento político-técnico ambiental y energético, sino que además carece de una legitimidad tan importante como lo es la de sus propios ciudadanos, ya que desde sus inicios entre paredes de un paralelepípedo se acordó este proyecto sin considerar la participación ciudadana, en donde se hace urgente resolver y debatir los aspectos técnicos, ambientales, históricos y económicos al ámbito de los derechos.
Los dos aspectos más relevantes de la justicia ambiental, la justicia distributiva y la justicia participativa, apuntan directamente al campo de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, incluso si Chile resolviera sus necesidades energéticas, medioambientales y sobretodo de intereses económicos particulares podría vulnerar derechos fundamentales como el de no discriminación y el de participación. Por su parte, la dimensión colectiva de la justicia ambiental también juega un papel importante en las decisiones que se adopten en materia de energía.
Abordar la discusión energética y medioambiental desde la perspectiva de los derechos no implica abandonar sus aspectos técnicos y económicos, ni supone esconder la estrecha relación entre el problema del medioambiente y la energía y de la participación, menos todavía implica obviar problemas fundamentales como el del acceso a la energía y al de vivir en un ambiente libre de contaminación, cuestión que ha sido analizada bajo el paradigma de los derechos humanos por su carácter de bien público básico, al igual que el agua y los alimentos.
La ausencia de una política energética y la deficiente institucionalidad y regulación ambiental pueden conducir a resultados injustificadamente discriminatorios, tal como lo es el proyecto de estacionamientos subterráneos en nuestra ciudad de San Felipe, que no solo carece de argumento político-técnico ambiental y energético, sino que además carece de una legitimidad tan importante como lo es la de sus propios ciudadanos, ya que desde sus inicios entre paredes de un paralelepípedo se acordó este proyecto sin considerar la participación ciudadana, en donde se hace urgente resolver y debatir los aspectos técnicos, ambientales, históricos y económicos al ámbito de los derechos.
Los dos aspectos más relevantes de la justicia ambiental, la justicia distributiva y la justicia participativa, apuntan directamente al campo de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, incluso si Chile resolviera sus necesidades energéticas, medioambientales y sobretodo de intereses económicos particulares podría vulnerar derechos fundamentales como el de no discriminación y el de participación. Por su parte, la dimensión colectiva de la justicia ambiental también juega un papel importante en las decisiones que se adopten en materia de energía.
Abordar la discusión energética y medioambiental desde la perspectiva de los derechos no implica abandonar sus aspectos técnicos y económicos, ni supone esconder la estrecha relación entre el problema del medioambiente y la energía y de la participación, menos todavía implica obviar problemas fundamentales como el del acceso a la energía y al de vivir en un ambiente libre de contaminación, cuestión que ha sido analizada bajo el paradigma de los derechos humanos por su carácter de bien público básico, al igual que el agua y los alimentos.
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