La equidad energética es un pilar fundamental para la equidad social, permitiendo que sectores de menores ingresos o más aislados dispongan, a un costo asequible, de servicios que permiten mejorar la calidad de vida y aprovechar oportunidades económicas. Por ello, la equidad energética considera tanto el acceso de los sectores rurales, aislados o más desposeídos, como la minimización del impacto de la provisión energética en el presupuesto familiar.
En el ámbito rural, muchos proyectos de electrificación no son rentables desde el punto de vista privado, debido a la lejanía de las viviendas rurales a las redes de distribución, así como la dispersión y el bajo consumo de éstas. Por ello, por muchos años existió una disparidad significativa entre el nivel de cobertura urbano y el rural.
Para apoyar el uso de fuentes renovables locales, la CNE con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el cofinanciamiento del Global Environmental Facility (GEF), está ejecutando el Proyecto “Remoción de Barreras para la Electrificación Rural con Energías Renovables”. Las barreras principales identificadas son la ausencia de normas para los equipos, la inexistencia de procedimientos de certificación para los sistemas de energías renovables y su instalación; la falta de información y de capacidades para utilizar estas fuentes de energía, así como los altos costos de inversión y la percepción de riesgos.
En lo que concierne al impacto de los precios sobre los sectores más pobres, existen mecanismos que reducen la volatilidad de los costos que deben pagar las familias. Estos mecanismos se insertan en un contexto general en el cual los precios de largo plazo reflejan los costos reales de manera de asegurar la eficiencia de las decisiones individuales.
Estimados amigos lectores se debe notar también que los esfuerzos de fomento de la eficiencia energética son un aporte significativo para la minimización del impacto de los costos de la energía sobre los presupuestos. Entre estos destaca la distribución de ampolletas eficientes, los nuevos estándares de construcción y los subsidios para el acondicionamiento térmico de las viviendas. A ello se puede sumar las franquicias para colectores solares térmicos, actualmente en tramitación legislativa, que permitirá masificar la utilización de esta tecnología, y de este modo reducir el gasto familiar en combustibles para calentamiento de agua.
En el ámbito rural, muchos proyectos de electrificación no son rentables desde el punto de vista privado, debido a la lejanía de las viviendas rurales a las redes de distribución, así como la dispersión y el bajo consumo de éstas. Por ello, por muchos años existió una disparidad significativa entre el nivel de cobertura urbano y el rural.
Para apoyar el uso de fuentes renovables locales, la CNE con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el cofinanciamiento del Global Environmental Facility (GEF), está ejecutando el Proyecto “Remoción de Barreras para la Electrificación Rural con Energías Renovables”. Las barreras principales identificadas son la ausencia de normas para los equipos, la inexistencia de procedimientos de certificación para los sistemas de energías renovables y su instalación; la falta de información y de capacidades para utilizar estas fuentes de energía, así como los altos costos de inversión y la percepción de riesgos.
En lo que concierne al impacto de los precios sobre los sectores más pobres, existen mecanismos que reducen la volatilidad de los costos que deben pagar las familias. Estos mecanismos se insertan en un contexto general en el cual los precios de largo plazo reflejan los costos reales de manera de asegurar la eficiencia de las decisiones individuales.
Estimados amigos lectores se debe notar también que los esfuerzos de fomento de la eficiencia energética son un aporte significativo para la minimización del impacto de los costos de la energía sobre los presupuestos. Entre estos destaca la distribución de ampolletas eficientes, los nuevos estándares de construcción y los subsidios para el acondicionamiento térmico de las viviendas. A ello se puede sumar las franquicias para colectores solares térmicos, actualmente en tramitación legislativa, que permitirá masificar la utilización de esta tecnología, y de este modo reducir el gasto familiar en combustibles para calentamiento de agua.
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