La privatización además de producir aumentos considerables de precio de la energía eléctrica, terminó con la planificación que realizaba ENDESA, cuando pertenecía a La Nación, para atender a la demanda en forma segura, a costo mínimo para la economía nacional y respetando el medio ambiente.
Actualmente la planificación la hace la CNE (Comisión Nacional de Energía) sobre la base de los proyectos que presentan las empresas privadas, según lo que más conviene a sus intereses particulares en cada momento, principalmente ENDESA de propiedad de españoles, AES-GENER de propiedad de AES Corporation de EEUU y Colbún del grupo económico chileno Matte.
Esta falta de planificación central ha permitido que las empresas ahora privadas construyan centrales generadoras que no disponen del combustible para cuyo uso fueron diseñadas y que no solo recuperan el mayor costo del nuevo combustible sino que, además, aumenten el nivel de precio de la energía que generan con agua y carbón afectando directamente al consumidor.
Estimados amigos si a lo anterior sumamos el desmantelamiento de la capacidad que tenía la empresa nacional de realizar estudios y construir obras de generación y transmisión cada vez más complejas técnicamente, y que así el Estado renuncia también a la atribución de ejercer su “rol subsidiario”, tan proclamado por los economistas neoliberales y que muchos hoy por hoy tendrán directa participación en el nuevo gobierno con ciertos conflictos de intereses.
Es por ello que el Estado tiene la responsabilidad ineludible de diseñar y poner en práctica una política energética activa, es decir no puede dejar en manos de los actores privados la asignación y el uso de recursos naturales estratégicos y bienes públicos de dominio social, ya que a mi entender, los procesos de globalización y los cambios estructurales internos de cada nación no deben considerarse como fuerzas superiores a las del propio Estado y quedar en manos de algunos pocos, sino que deben quedar a plena disposición de la población.
Actualmente la planificación la hace la CNE (Comisión Nacional de Energía) sobre la base de los proyectos que presentan las empresas privadas, según lo que más conviene a sus intereses particulares en cada momento, principalmente ENDESA de propiedad de españoles, AES-GENER de propiedad de AES Corporation de EEUU y Colbún del grupo económico chileno Matte.
Esta falta de planificación central ha permitido que las empresas ahora privadas construyan centrales generadoras que no disponen del combustible para cuyo uso fueron diseñadas y que no solo recuperan el mayor costo del nuevo combustible sino que, además, aumenten el nivel de precio de la energía que generan con agua y carbón afectando directamente al consumidor.
Estimados amigos si a lo anterior sumamos el desmantelamiento de la capacidad que tenía la empresa nacional de realizar estudios y construir obras de generación y transmisión cada vez más complejas técnicamente, y que así el Estado renuncia también a la atribución de ejercer su “rol subsidiario”, tan proclamado por los economistas neoliberales y que muchos hoy por hoy tendrán directa participación en el nuevo gobierno con ciertos conflictos de intereses.
Es por ello que el Estado tiene la responsabilidad ineludible de diseñar y poner en práctica una política energética activa, es decir no puede dejar en manos de los actores privados la asignación y el uso de recursos naturales estratégicos y bienes públicos de dominio social, ya que a mi entender, los procesos de globalización y los cambios estructurales internos de cada nación no deben considerarse como fuerzas superiores a las del propio Estado y quedar en manos de algunos pocos, sino que deben quedar a plena disposición de la población.
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