Nos hemos acostumbrado a escuchar que la protección del medio ambiente y las exigencias asociadas a la competitividad y al desarrollo económico son incompatibles. Cuando afirmar aquello resulta políticamente incorrecto, se recurre entonces a la idea de que las cuestiones ambientales son parte de un catálogo de valores propio de países más desarrollados que el nuestro. Chile tendría que preocuparse prioritariamente de crecer. Luego vendría el tiempo de preocuparse del medioambiente. No es necesario ser adivino para prever que los argumentos en esa dirección se verán fortalecidos en lo que queda de una crisis económica que aún tiene largo camino por recorrer.
La protección del medio ambiente ya no es una opción. Es una condición esencial para asegurar estándares de calidad de vida básicos para nuestra población, permitir a nuestra economía insertarse exitosamente en el mundo y reconectar a los chilenos con su democracia. Pero tampoco podemos ser ciegos. Es evidente que la inevitable tensión entre actividad productiva y medio ambiente se verá acrecentada en esta etapa. Por eso debemos anticiparnos a construir acuerdos técnicos y políticos en aquellas materias en que esta tensión pueda ser atenuada y canalizada positivamente.
El primer desafío es superar el provincianismo que nos hace creer que nuestras decisiones y conductas como país sólo nos competen a los chilenos. Eso no sólo es infantil sino, además, irresponsable.
En segundo lugar, es indispensable abordar cuanto antes la debilidad normativa del sector. Contrariamente a lo que pudiéramos creer, lo que se ha multiplicado en el país no es la regulación ambiental propiamente tal, sino que las decisiones administrativas sectoriales con impacto ambiental.
En buen chileno, eso significa que lejos de construir un piso de regulación consistente y técnicamente sustentable, lo que tenemos es una gran variedad de instituciones públicas que siguen dictando normas con impacto ambiental sin ninguna exigencia de coherencia o coordinación. El resultado es lamentable desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y también lo es desde el punto de vista de la actividad económica.
Estimo que eludir el debate en torno a la participación ambiental es un camino seguro a aumentar el distanciamiento de las personas con su democracia y con el valor de lo público y la política. Las personas exigen cada vez más del sistema político, y mientras esperan trabajo y condiciones laborales adecuadas, también demandan que sus familias crezcan y se desarrollen en un ambiente sano.
A menos de 100 días de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, los chilenos debemos comenzar a debatir sobre estas cuestiones. Es por ello mis amigos lectores que creo firmemente que poner en la mesa un debate sobre el tema ambiental será uno de los debates centrales durante las primeras décadas de este siglo en donde buscaremos los lineamientos necesarios de cómo potenciar nuestra capacidad productiva protegiendo la calidad de vida de las personas y del entorno en que vivimos.
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