jueves, 16 de junio de 2011

POLITICA AGRARIA Y ENERGIAS RENOVABLES

La interrelación entre política energética y otras políticas públicas incide directamente también en las políticas públicas del tipo agrarias, especialmente en la que a energías renovables se refiere, pues pueden desempeñar un papel importantísimo para nuestro Valle del Aconcagua en relación con la actividad agraria.

En primer lugar, en cuanto a la utilización de energías renovables en el sector de la producción agrícola (energía solar para invernaderos y bombas fotovoltaicas para riego tecnificado). Asimismo, no se debe olvidar que una de las energías renovables no convencionales con mayor virtualidad, la biomasa se “renueva” directamente con la actividad agrícola.

Entre los objetivos primordiales para implementar una política pública agraria estimo que se encuentra incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola.

En una época en que Chile tiene que hacer frente a excedentes de producción crecientes a la vez que ha de mantener un número suficiente de agricultores activos, se ha de seguir una política agrícola encaminada a encontrar nuevas salidas no alimentarias a los productos, en este sentido es destacable la labor que ha realizado nuestro país en cuanto a la evolución de la agricultura energética, sustituyendo productos agrícolas excedentarios por cultivos energéticos o biocombustibles.

Por tanto mis estimados amigos, uno de los objetivos de nuestro país en relación con una política pública agraria consistiría en la diversificación de las actividades, proyectando el potencial energético endógeno de las tierras agrícolas fértiles para nuevos usos mediante políticas forestales que integren el desarrollo del sector de la madera para la producción de energía y de los cultivos energéticos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN MATERIA ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTAL

El tiempo no pasa en vano. Dicha frase es una afirmación que refleja que las experiencias humanas y de nuestro entorno sufren modificaciones con el paso del tiempo, también las ideas imágenes y percepciones. A partir del Acuerdo suscrito en la Cumbre de la Tierra, y sus importantes consecuencias para la agenda global, se contempló no solo un concepto y enfoque de desarrollo sustentable sino también se ofreció la oportunidad para que todos los actores participaran articuladamente en la implementación de dichos principios y planes de acción.Uno de los aspectos más novedosos de dicha Cumbre fue el reconocimiento del papel de la empresa, especialmente el papel asignado a sus líderes empresariales y tomadores de decisión, que abre una importante oportunidad para levantar el tema sobre cuál es su responsabilidad en el acceso, utilización y protección de nuestros recursos naturales en un concepto de desarrollo de mediano y largo plazo.


Tal es el caso de la Responsabilidad Social Empresarial, que emerge como un fenómeno que aumenta día a día en las empresas primero como un elemento de reputación corporativa, pero en un segundo estadio de desarrollo como un cambio en la cultura organizacional de las empresas. Chile recién camina por esa senda y aparece como una enorme oportunidad para reconstruir relaciones de confianza, de escrutinio público, exigibilidad y corresponsabilidad de las acciones.La Energía y el Medio Ambiente han sido hasta ahora la punta de lanza de aquellas empresas que cuentan con programas, proyectos e implementación de prácticas en su gestión energética y medioambiental o donaciones que apoyan acciones en este sentido.


Hoy sin embargo, existe una tendencia mundial a definir que la responsabilidad social de las empresas sólo es posible desde una perspectiva de desarrollo sustentable, esta tendencia es liderada por un importante número de líderes empresariales y empresas en el mundo.

SUSTENTABILIDAD EN LA EMPRESA

La cultura corporativa ha dado un vuelco significativo durante los últimos años. Ya no se trata sólo de lograr los niveles más altos de ventas y de rentabilidad, sino también de alcanzar un desempeño positivo en los ámbitos sociales y ambientales en los que cada compañía se desarrolla. De eso se trata, básicamente, la sustentabilidad.Atentas a su compromiso con la comunidad en general, las empresas tecnológicas se han constituido como un jugador importante en la mesa de debate sobre políticas públicas y han establecido una serie de iniciativas de desarrollo sustentable.¿Cuáles son las acciones concretas que está llevando a cabo dentro de las empresas?


En el segmento educacional por ejemplo, varias trabajan con el programa University Alliances, que entrega herramientas innovadoras a más de 900 universidades, institutos técnicos y otras entidades educativas. De este modo, miles de estudiantes pueden aspirar a mejores salarios y a disminuir la brecha existente entre los conocimientos que entrega la universidad y los que demanda el mercado.Desde el punto de vista ambiental y energético, muchas empresas se han comprometido fuertemente a una reducción inicial de los volúmenes de gases de invernadero desde la actualidad hasta el año 2020. Este objetivo se logrará disminuyendo los viajes de negocios, optimizando la energía utilizada en las instalaciones y en los centros de datos, apelando a energías alternativas (ya hay experiencias con energía eólica y con paneles solares) para “limpiar” parte del consumo de electricidad. El uso eficiente del agua y la disminución en la generación de basura son otras dos metas en las que las empresas están trabajando con resultados positivos.De todas formas, el camino hacia la sustentabilidad requiere aún de más herramientas, como la transparencia en las operaciones y el apoyo de los accionistas en estas iniciativas, por citar sólo dos de las más importantes.


Las empresas no pueden comportarse como islas: venden sus productos, utilizan los servicios y contratan personal de las comunidades en las que operan. Las prácticas sustentables son esenciales para cuidar todo el ecosistema que existe alrededor de una compañía y para pensar los negocios y la sociedad como un todo, con una visión de largo plazo.

¿QUE DIJO LA ONU EN CANCUN SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO?

La más reciente Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP16), realizada en Cancún, nos volvió a recordar que no existe una solución que pueda arreglar de golpe la problemática del calentamiento global. Por el contrario, la lucha contra este fenómeno nos obliga a dialogar y concretar acuerdos, ya que ningún país es capaz por sí solo de afrontar los desafíos interconectados que plantea: crear nuevas políticas públicas e invertir en herramientas tecnológicas y áreas de investigación. Sin embargo, no sólo basta cooperar, generar voluntad política y proponer enfoques creativos, sino que la necesidad de actuar con urgencia implica replantear las formas de producir, construir, cultivar, educar o consumir que adoptaremos desde ahora y hasta los próximos 50 años. Nada de esto sucedió precisamente en la reunión de Cancún. Tampoco se esperaba que así fuese: semanas antes de su inicio ya era sabido que los Jefes de Estado y ministros no tomarían parte directa de las negociaciones, y nadie esperaba un nuevo tratado.


Es cierto que en la COP16 creó un Fondo Verde y se elaboraron documentos sobre temas como deforestación y reducción de emisiones, pero la institucionalidad quedó en el tintero y el camino para establecer un acuerdo jurídicamente contrayente en 2011 no se ve claro. Esto resulta alarmante cuando analizamos el impacto del cambio climático en el desarrollo socio-económico. El último informe del Banco Mundial sobre el tema asegura que en los países en vías de desarrollo soportarán hasta el 80 por ciento de los efectos del calentamiento global, debido a que verán disminuir su producto interno bruto, se revertirán sus esfuerzos por superar la pobreza y perderán garantías a futuro.


En este escenario es difícil que el crecimiento económico sea lo suficientemente dinámico (y equitativo) para lograr contrarrestar los retos del cambio climático, sobre todo si no se reduce el nivel de intensidad de las emisiones. Es de esperar entonces que durante próxima cumbre de Naciones Unidas sobre clima (COP17), en Sudáfrica, se determine un plan de acción para 2012 y se restablezca la confianza. La clave está en repensar qué necesitamos en lugar de qué arriesgamos.

QUE HACER CON LA CHATARRA TECNOLOGICA DE CHILE

Si ya el tema del depósito de basura de las grandes urbes como Santiago, es un dolor de cabeza para las autoridades, un nuevo actor seguirá sumando a nuestros desechos, factores de mayor cuidado y atención, no sólo para las personas sino para el medio ambiente. Se trata del e-waste, o basura tecnológica, que en Chile acumula, entre otras cifras, 3 millones de celulares al año que se suman a las 8 mil toneladas de chatarra electrónica al año en el país, que considera computadoras, teléfonos celulares, televisores, pilas y electrodomésticos. Según la definición de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se considera como e-waste a “cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica, que haya alcanzado el fin de su vida útil”.


Poner este tipo de residuos en la basura es poner en riesgo la salud de las personas y del ambiente, porque contienen componentes peligrosos como el plomo en tubos de rayos catódicos y soldadura, arsénico en tubos de rayos catódicos más antiguos, trióxido de antimonio retardantes de fuego, entre otros.


Es cierto que somos un país con otras dimensiones, pero dentro de los rankings de Latinoamérica estamos entre los principales consumidores de tecnología, pero iniciativas como la alianza de Metro de Santiago con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, los que ya han logrado reciclar 168 mil aparatos celulares. Esta se suma a otras más focalizadas como contenedores de pilas ubicados en grandes tiendas o lugares donde donar computadores viejos.


Mis amigos lectores hay un esfuerzo creciente, pero que no tiene sentido si las personas no están acostumbradas a acercarse una planta de reciclaje, o a lugares donde deshacerse de un material que es tóxico no sólo para nuestra salud, sino para nuestra ya bastante deteriorado medioambiente.

REFORMA A LA POLITICA ENERGETICA: NECESARIO PARA CHILE

Un proceso de reforma participativo y conducido con liderazgo, sería uno de los hitos relevantes que nuestro país debiese apuntar en un corto y mediano plazo. Son varios los factores que hacen indispensable una profunda reforma a la política energética chilena. Es notorio el ruido que están haciendo diversos proyectos de generación eléctrica en evaluación, lo cual sugiere que el modelo no satisface las expectativas de una población cada vez más involucrada en estos asuntos.


La creciente resistencia a los proyectos energéticos en base a carbón nos hace pensar que las inversiones en plantas termoeléctricas serán cada vez más riesgosas y caras. Las empresas, de hecho, ya se enfrentan a altos costos, incertidumbre en la obtención de sus permisos, mayores exigencias ambientales y conflictos sociales que pueden retrasar la aprobación de un proyecto por años, con los costos que eso implica. En contraste, los proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC) gozan de una mejor aceptación de la gente y sus tiempos de tramitación son significativamente más acotados.


Las ERNC no deberían traducirse en un alza importante del precio de la energía. Si hoy estas fuentes no superan el 2%, ¿por qué pagamos uno de los precios de electricidad más altos del mundo? Si Chile adscribe a la meta del 20% de energías renovables para el 2020, más allá de algunos discursos, es una meta que debería estar en la ley, el precio del valor domiciliario de la energía no aumentaría más de 2%. El fomento de energías limpias, junto a la eficiencia energética, la introducción del sistema feed-in tariff o generación doméstica, y la mayor inversión del sector minero en ERNC (su alto consumo los hace más responsable) son herramientas al alcance de un país con el grado de desarrollo de Chile.


Estimados amigos lectores creo que la reformulación de los criterios en los que se basa la política energética chilena nos permitiría encontrar una nueva forma para lograr un suministro fiable, a un precio razonable, con menores impactos ambientales y con una distribución equitativa tanto de los beneficios, como de los costos.

LA GEOTERMIA PISANDO POR LOS PALOS

Ante el rechazo de centrales termoeléctricas como Barrancones y la oposición que generan otras iniciativas, como Hidroaysén, se ha transformado un lugar común proponer como alternativa un mayor desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC), es decir, aquellas que son amigables con el medio ambiente. Sin embargo, estas fuentes renovables, que no superan el 5% de la producción energética nacional, también suelen encontrar oposición debido a que los parques eólicos requieren lugares ventosos, las centrales hídricas donde haya agua, y la geotermia requiere lugares donde haya una fuerte gradiente térmica. Desgraciadamente esto suele coincidir con lugares apartados y de extraordinaria belleza, o incluso en zonas protegidas.


La geotermia, en particular, constituye una fuente energética muy atractiva para países como Chile, que se encuentran en el “cinturón de fuego” del Pacífico, con zonas volcánicas de las que es posible obtener agua a mayor temperatura, que luego se vuelve a inyectar. De este modo, con nulo impacto ambiental, se puede obtener electricidad a un costo de inversión inicial relativamente mayor, pero mínimo costo operacional, lo que la transforma en la energía renovable más conveniente, después de las centrales de pasada, por sobre la energía eólica y la solar. De hecho, en el mundo ya se explota en 24 países distintos y abastece a más de 50 millones de habitantes.


Por el caso de los mineros enterrados en Copiapó, hemos podido observar el calor en el subsuelo chileno, y cómo las sondas penetran entre las rocas para llegar a su objetivo. Aunque existen diversas iniciativas, ya han transcurrido más de diez años desde que se dictó la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica y todavía no se ha ejecutado ninguna central de este tipo. Es más, el lamentable episodio de El Tatio, con su simbólica fumarola, estuvo a punto de estigmatizar para siempre la geotermia. Para agilizar esta fuente renovable es necesario revisar la ley que la regula. Se trata de una ley minera, más que una normativa de carácter energético. Además obliga a concesionar toda energía geotérmica, en circunstancias que ya numerosas empresas han instalado sistemas individuales de calentamiento de agua, con importantes ahorros y beneficios ambientales. De hecho, se quería implementar lo mismo para el Palacio de La Moneda. En estricto rigor, de acuerdo a la ley vigente, esos sistemas son ilegales pues no han sido concesionados.


Estimados amigos lectores más allá de las necesarias modificaciones legales, para impulsar la geotermia en Chile se hace indispensable modificar los criterios de otorgamiento de las concesiones de exploración por parte del Ministerio de Minería, antes, y de Energía, hoy. En efecto, se han realizado diversas licitaciones públicas de sectores considerados “fuentes probables”, pero estos procesos han sido engorrosos, lentos y objeto de muchos reclamos, por lo que hemos perdido tiempo valioso como país. Es lo que habitualmente sucede cuando en vez de asignar la concesión en un remate público, abierto y transparente, otorgándosela al que la valore más y contribuya de paso con más recursos al Fisco, se le otorga al que tiene mayor capacidad de llenar interminables formularios y discutibles supuestos burocráticos.