Apoyo a la Concreción de Inversiones Competitivas en el Sector Energético

La eficiencia energética cumple una función importante en la satisfacción de las necesidades del país. Sin embargo, la observación comparativa de las situaciones de Chile con países de mayor nivel de desarrollo muestra que, aun cuando se implemente decidida y eficazmente una política de eficiencia energética, el aumento del consumo energético, en particular dentro del sector eléctrico, es una consecuencia inevitable del crecimiento económico.

Por ello, aún si se logra una intensidad energética menor a medida que crezca el PIB, el crecimiento del ingreso per capita traerá aparejado un mayor consumo per capita de energía. En consecuencia, es esencial asegurar que las inversiones necesarias para satisfacer los requerimientos del crecimiento económico estén disponibles oportunamente. Para cumplir con este desafío, se ha desarrollado un conjunto de acciones, en particular dentro del sector eléctrico, en materias regulatorias e institucionales.

El apoyo a las inversiones permite mejorar la seguridad de largo plazo, pues garantiza que el volumen de inversiones necesarias para sustentar el crecimiento económico y las otras necesidades de la sociedad se realicen efectivamente, tendiendo a apoyar también precios menores en el largo plazo.

Adicionalmente, se debe velar porque las inversiones efectivas sean aquellas que apoyen, a través de bajos costos, la competitividad de nuestro país.

Para enfrentar estos desafíos mis estimados lectores, es esencial que el Estado ayude a reducir la incertidumbre para los inversionistas y los costos de transacción de los proyectos. Asimismo, se debe contar con una regulación en la cual los precios reflejen los costos asociados, que entregue estabilidad para el largo plazo y que estimule mercados energéticos más competitivos, ampliando el número de actores y mejorando su funcionamiento.

PROMOCION Y FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

En un contexto de demanda creciente por energía cuyas fuentes de producción están sujetas a exigencias cada vez mayores de sustentabilidad ambiental y de restricciones sobre el uso de los recursos y el territorio, no basta con el enfoque tradicional de aumentar la oferta de energía para hacer frente a las necesidades. Se hace indispensable en Chile consolidar el uso eficiente de la energía como un objetivo estratégico del desarrollo sustentable, como se ha visto en los países desarrollados, de modo de hacer frente al desafío de mantener la demanda en el mínimo necesario para nuestras necesidades.

La eficiencia energética, entendida como la cantidad de energía mínima necesaria para producir una unidad de actividad económica o para satisfacer las necesidades de la población (iluminación, calefacción, movilidad, etc.) manteniendo un determinado nivel de servicio o confort, permite:

Reducir la extracción, generación, importación, transformación, transmisión y distribución de energía, con el consiguiente impacto positivo tanto en el ámbito ambiental, de seguridad energética y en el uso alternativo de recursos escasos de inversión;

Reducir los costos de producción e impactos ambientales asociados al uso de la energía, haciendo un uso más eficiente de los recursos y, por ende, mejorando la competitividad del país;

Reducir el gasto en energía, especialmente de los sectores de bajos ingresos para los cuales dicho gasto suele ser un porcentaje elevado de su presupuesto y, a la vez, aumentar su calidad de vida, cooperando con la equidad del desarrollo energético.

Las razones recién expuestas explican por qué el uso eficiente de la energía ha sido incorporado en las políticas de muchos países desde hace varias décadas, pues es una oportunidad de aumentar seguridad y eficiencia reduciendo impactos. Estas políticas permitieron el “desacoplamiento” entre el consumo de energía y el PIB en muchos países desarrollados a partir de la primera crisis del petróleo hace más de treinta años, generando una experiencia internacional acumulada que representa para Chile una oportunidad de incorporar las mejores prácticas, políticas y tecnologías actuales.

Las políticas energéticas de Chile y su apertura al Mundo

La inserción de Chile en el contexto internacional y el reconocimiento de la importancia de los organismos internacionales en la comprensión y la regulación de procesos económicos y sociales cada vez más globalizados, determinen la búsqueda de una participación activa en organizaciones internacionales pertinentes.

Esta participación es también un aporte global a la política, al permitir identificar las mejores prácticas en diferentes contextos, así como experiencias exitosas y fallidas, lo cual puede tener especial relevancia en algunos de los temas de la política pública en los que existe un menor nivel de experiencia (seguridad, sustentabilidad, equidad), aportando
un punto de referencia sobre el cual construir las políticas e institucionalidad propias.

El Estado debe articular adecuadamente su participación en instituciones internacionales, de manera de añadir al acervo de conocimiento público y difundir entre los agentes pertinentes la información que sea útil para mejorar la toma de decisiones, tanto pública como privada. En ese sentido, se ha establecido una relación más estrecha con actores importantes como la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en materia de análisis de las políticas energéticas chilenas. Se ha podido contar con la presencia de expertos de estas agencias en diversas actividades, pero se debe destacar sobre todo el comienzo de un estudio en profundidad de la situación energética y de la política energética chilena que realizará la AIE entre noviembre de 2008 y junio de 2009, y una revisión de nuestra situación de eficiencia energética que realizará la APEC.

Chile ha mostrado un rol activo en instituciones internacionales relacionadas con la energía a través del apoyo, desde un primer momento, a la iniciativa de la República Federal de Alemania para la creación de la International Renewable Energy Agency (IRENA), como un mecanismo efectivo para promover el desarrollo mundial de tecnologías basadas en fuentes renovables. En la actualidad, esta institución ha alcanzado el apoyo de suficientes estados como para ser fundada oficialmente a comienzos del año 2009.

Chile también participa activamente en las instancias regionales en las que se analizan, coordinan y diseñan políticas energéticas, como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el Grupo de Expertos de Energía de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), la Asociación Iberoamericana de Reguladores de la Energía (ARIAE) y el Subgrupo de Trabajo de Energía del Mercosur. Chile participa además en el Energy Working Group de APEC.

Estimados amigos lectores nuestro país tiene mucho que entregar y dar a conocer en materias de desarrollo energético sustentable, es por ello que sostengo que un país energéticamente desarrollado es un país que va a pasos agigantados hacia el desarrollo.

DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE V/S FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La base para cualquier política se encuentra en las instituciones adecuadas. Para que las políticas puedan ser implementadas de manera articulada y coherente, se requiere un marco de organizaciones y normativas legales. Por ello, una línea esencial de la política consiste en hacer frente al desafío de diseñar el marco institucional, incluyendo
las organizaciones, que permitan actuar sobre los mercados de manera efectiva, y fortalecer a estos organismos con los recursos y capacidades que les permitan operar eficientemente.

En las últimas décadas muchos países del mundo, incluyendo Chile, han optado por modelos económicos en lo cuales el sector privado tiene una participación central en la provisión de servicios básicos y el Estado interviene básicamente a través de la regulación. Esto requiere estructuras encargadas de formular políticas de desarrollo y de ejercer la rectoría del sector a través de acciones acordes con esta realidad, las cuales pueden resumirse en cuatro grandes tareas:

Formulación y evaluación de políticas públicas (orientaciones, planes, programas y decisiones sobre el establecimiento y aplicación de normas jurídicas) que determinarán el marco global de la actividad.

Formulación de normas específicas (“regulación técnico-económica”) referidas a precios o tarifas, calidad en el ejercicio de la actividad o condiciones de acceso a las redes monopólicas.

Fiscalización del cumplimiento de las normas y la aplicación de sanciones.

Resolución de conflictos entre agentes privados, o entre éstos y el Estado.


La actual estructura institucional no responde a las necesidades crecientes de coordinación en las responsabilidades institucionales, de coherencia entre responsabilidades y atribuciones, de mayor focalización en la generación de políticas públicas sectoriales y de unificación en la supervigilancia de los distintos órganos con competencias en el sector.

El diseño de la actual institucionalidad, así como sus recursos y capacidades, proviene de un contexto político, social y económico radicalmente diferente, por lo que no responden a los requerimientos de análisis de largo plazo y acción sobre los ámbitos de mayor importancia para enfrentar los desafíos actuales.

LA MIRADA ECONOMICA AL CAMBIO CLIMATICO

El último estudio inglés sobre la economía del cambio climático en Londres (conocido como informe Stern), plantea que los beneficios de una acción temprana y decidida a nivel global supera por lejos el costo de no hacer nada y tener que asumir las consecuencias de un efecto más agudo del cambio climático.

El costo de la inacción es grande porque puede llegar a afectar elementos básicos para la vida, como el acceso al agua potable, la producción de alimentos, la salud y el ambiente. En términos cuantitativos, este informe estima que si no actuamos, el costo total del cambio climático será equivalente a perder al menos un 7% del PGB global cada año y a perpetuidad.

En contraste, el costo de la acción, que significa reducir la emisión de gases de efecto invernadero y evitar los peores impactos, puede limitarse a un valor en torno al 1% del PGB global cada año y a perpetuidad, reduciendo las emisiones anuales en un 86% respecto de los niveles actuales y estabilizando de forma permanente los niveles de CO2 en la atmósfera.

Este informe, sin embargo, es esencialmente optimista, pues considera que es compatible esta inversión con las legítimas aspiraciones de crecimiento de los países. Señala que abordar el cambio climático es una estrategia pro-crecimiento para el largo plazo, que requiere la creación de políticas globales, que promuevan flujos de recursos y tecnologías entre los países. Para una eficaz respuesta, sugiere el reporte, será necesario establecer precios al carbono, apoyar la innovación y difusión de “tecnologías de bajo carbono” y remover barreras a la eficiencia energética.

Este fundamental cambio en la estructura de la economía generara necesariamente oportunidades de negocios, fruto de la creación de mercados nuevos para tecnologías, bienes y servicios “bajos en carbono”.

En síntesis mis estimados amigos lectores, lograr que el crecimiento del PIB conlleve cada vez menos crecimiento del consumo de energía significan evitar impactos ambientales asociados a la generación, transporte y distribución de la energía. El cambio climático es uno de estos impactos y quizás el mas importante por su carácter global.

Las economías serán poderosas en la medida en que aborden activamente el cambio climático.

EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES Y TECNOLOGÍAS ES MAS QUE UN TEMA GLOBAL

En la actualidad, el petróleo y el gas natural proveen cerca del 60% de la energía primaria del mundo y seguirán siendo indispensables para hacer frente al crecimiento proyectado de la demanda energética.

Se espera que la combinación de gas natural, petróleo y carbón cubra más del 85% de las necesidades energéticas globales en el año 2030.

Las evaluaciones actuales del petróleo y el gas natural indican que se cuenta con volúmenes de estos recursos para varias décadas de utilización generalizada.

Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), las reservas probadas mundiales de gas natural a fines del 2005 llegaban a 180 Tm3, equivalentes a 64 años de consumo de acuerdo a las tasas de consumo del mismo año. Las mismas estimaciones indican que las reservas de carbón a fines del 2005 llegaban a 909 billones de toneladas, equivalentes a 155 años de consumo con las tasas de consumo de ese año.

En el sector de generación eléctrica, la capacidad instalada mundial basada en petróleo, gas natural y carbón al año 2004, llegaba a los 2.743 Gw, equivalente a cerca del 70% de la capacidad total. Según estimaciones de la AIE, este porcentaje de participación se mantendrá hacia el 2030, llegando en términos absolutos a cerca de 5.400 Gw.

Las proyecciones de consumos sectoriales apuntan a que las tecnologías para el sector transporte seguirán operando en un 99% basadas en el petróleo hasta el 2030, mientras que las del sector industrial seguirán operando en más de un 80% basadas en petróleo, gas y carbón.

Sólo en el ámbito residencial habrá una progresiva sustitución de las tecnologías basadas en el uso directo de derivados de petróleo y gas, desde un 62% el 2004 hasta un 55% al 2030, principalmente por tecnologías basadas en electricidad.

EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA: JUEGO GANADO O REALIDAD SOCIAL

En nuestro país existe una alta correlación entre la tasa de crecimiento del consumo energético y la de crecimiento de la economía. De acuerdo con la información del último balance energético entregado por la CNE (Comisión Nacional de Energía), el sector industrial es responsable de casi el 32% del consumo de energía del país.

Por otro lado, nuestro país es un importador neto de la energía primaria que consume, situación que se ha ido intensificando durante la última década. Esto se traduce en que nuestra producción industrial esta sujeta, en gran medida, al escenario energético internacional y a la alta volatilidad de sus precios.

Con estos antecedentes es evidente la necesidad contar con una política publica, que incentive el uso eficiente de la energía en el sector.

Pero ¿que es exactamente la eficiencia energética en la industria?

En el sector industrial, la eficiencia energética tiene por objeto reducir los costos de producción, cumplir con las exigencias ambientales, reducir la dependencia energética y mejorar por cierto la competitividad global.

En términos económicos, maximizar la producción utilizando el mínimo de recursos. Sin embargo mis amigos podemos decir que de acuerdo a recientes estudios de la CNE, los potenciales explotables para el sector industrial en nuestro país fluctúan entre 2.1 y 4.8% de reducción de intensidad energética anual, para un periodo de 10 años.

Cuando se opta por implementar un plan de eficiencia energética en la empresa, lo primero es diagnosticar la situación. A partir de esto se determina un plan de medidas, que contemple tanto cambios en la gestión, como inversiones tecnológicas, para alcanzar el potencial de mejoramiento en el uso de la energía

En consecuencia mis estimados amigos lectores claramente este es un juego en el cual solo existen ganadores, gana el empresario, al aumentar su competitividad y, de paso, sus utilidades; gana el país, logrando tener empresas más competitivas; gana el medio ambiente, al disminuir las presiones sobre la generación de energía y las emisiones contaminantes.