UNA MIRADA A LOS NUEVOS ESCENARIOS ENERGETICOS EN CHILE

El escenario energético nacional se asemeja en algunas de sus principales características a aquellas observadas en el mundo, amplificadas en cierta medida por el hecho de que Chile es un país en desarrollo con tasas de crecimiento significativas y con una alta dependencia de fuentes energéticas importadas.

El crecimiento económico sostenido en el marco de una economía abierta y globalizada, junto a las políticas sociales aplicadas por el Estado durante los últimos años, han incidido en exitosos resultados macroeconómicos, incluyendo tasas de crecimiento positivas y sostenidas y una inflación baja y controlada, lo que se ha traducido en un aumento significativo del ingreso por habitante de los hogares chilenos y en una disminución de los índices de pobreza de la población. En los últimos ocho años se han obtenido tasas de crecimiento cercanas al 5% promedio anual, con un PIB por habitante de US$ 13.936 en el año 2007, y se han mantenido niveles de inflación de 3,9%.

Chile se ha insertado de forma cada vez más estructural en la economía globalizada, con una apertura creciente al comercio internacional. Actualmente, es el país con el mayor número acuerdos internacionales de comercio e inversiones, firmados con áreas económicas que representan cerca del 90% de la población mundial. Esta orientación económica al comercio exterior ha sido determinante en el desarrollo sectorial. En su estrategia para dinamizar su economía, Chile ha enfocado recientemente su atención sobre la innovación tecnológica. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad ha realizado una serie de propuestas de política pública para la innovación tecnológica basados en tres pilares: un sistema de aprendizaje continuo de su capital humano, el fortalecimiento de una plataforma de generación, difusión y aplicación del conocimiento y, la consolidación de un sistema empresarial innovador orientado a la creación de valor como estrategia de competencia en los mercados globales.

El crecimiento económico de las últimas décadas, junto con una política social muy activa por parte del Estado, han sido los factores relevantes en mejorar el estándar de vida de la población. Esto se refleja en la fuerte disminución de la pobreza del 45,1% en 1987 al 8,7% en el año 2008. Chile fue el primer país latinoamericano en cumplir y superar las Metas del Milenio de reducción de pobreza.

Según las estadísticas de disponibilidad de servicios en la viviendas en áreas urbanas y rurales de la CEPAL, en Chile para el año 2008 el 97,9% de los hogares contaban con agua potable (99% de los urbanos y 62% de los rurales), el 89,5% contaba con alcantarillado (98,3% de los urbanos y 20,9% de los rurales) y el 99% contaba con energía eléctrica (99,7% de los urbanos y 96,3 % de los rurales). Esto sitúa a Chile dentro de los primeros lugares en provisión de todos los servicios en Latinoamérica, si
bien existen diferencias entre el sector urbano y el rural.

Las exigencias ambientales de la población determinan orientaciones para el crecimiento económico, las cuales se expresan en el marco de la “Ley de Bases Generales del Medio Ambiente”, promulgada en 1994. A nivel global, según la clasificación de la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático, Chile es un país vulnerable al cambio climático.

Estimados lectores de acuerdo a estos índices de crecimiento, estimo que los ciudadanos de este país tenemos un tremendo desafío en buscar los lineamientos y exigirle a nuestras autoridades que tomen conciencia en enfrentar estos temas con mayor interés e inclusión social, ya que considero que un país con políticas energéticas de desarrollo es un país que crece en forma significativa con un horizonte claro….el desarrollo.

TENDENCIAS Y LINEAMIENTOS EMERGENTES EN EL PLANO ENERGETICO ACTUAL

Las tendencias actuales muestran que a pesar del aumento en los costos de las fuentes energéticas tradicionales, que se mantendrá en el futuro previsible, y pese a los impactos ambientales ya mencionados, los combustibles fósiles seguirán teniendo un rol primordial en la matriz energética de las próximas décadas. No obstante se observa un crecimiento en las inversiones en energías renovables, las cuales pasaría desde cerca de 20 mil millones de dólares en promedio entre 1995 y 2004 a unos cien mil millones de dólares en el año 2010.

Enfrentar esta evolución y sus implicancias representa un desafío significativo para el conjunto de los países. En este sentido, no se debe considerar sólo las dificultades que esta evolución conlleva, sino la importante oportunidad de cooperación entre países, tanto en el desarrollo de políticas coherentes como en el desarrollo tecnológico.

En este último ámbito, se debe destacar el aumento exponencial en los recursos asignados a investigación y desarrollo en nuevas tecnologías. Se estima que los recursos mundiales asignados a I+D (Investigación y Desarrollo) en el año 2000 eran inferiores a mil millones de dólares mientras que al 2006 bordeaban los siete mil millones. En particular, se han asignado recursos a biocombustibles, eólicas, energía solar y eficiencia energética.

Los países han reconocido que enfrentar los desafíos actuales tiene un costo, por lo que es necesario la comprensión de las ventajas y desventajas de las distintas opciones y la búsqueda de mecanismos efectivos que permitan asegurar equidad, seguridad y sustentabilidad, sin afectar significativamente la competitividad de las economías.

En ese contexto, la escala de los desafíos es tal que se privilegiará estrategias que permiten enfrentar varios aspectos de forma simultánea y que puedan ser costo efectivas. Así, estrategias como la eficiencia energética y la utilización de nuevas energías que permiten aprovechar la dotación de recursos renovables aumentarán el potencial de muchos países para satisfacer sus requerimientos energéticos.

En muchos sentidos, las dificultades que ha experimentado el mundo en los últimos años en su desarrollo energético, han permitido mejoras significativas en dicho desarrollo a través de una permanente búsqueda de nuevas soluciones de las cuales los países pueden aprender mutuamente.

Crisis y Política Energética: Un tema que requiere decisión a corto plazo

Estimados amigos lectores para analizar la crisis energética que nos afecta hasta nuestros días como país es necesario retroceder a la génesis que provoco dicho escenario.

En abril de 2004 el gobierno argentino tomó la decisión de privilegiar el consumo interno de gas natural frente a los compromisos de exportación con Chile, ignorando los términos del Protocolo de Integración Gasífera. La industria y el sector eléctrico chileno se vieron enfrentados a la restricción de un combustible considerado seguro y esencial en el desarrollo de la matriz energética. Los eventos posteriores confirman que el sector energético chileno debe reconsiderar sus opciones de desarrollo futuro y revalorizar la diversificación, pero no se percibe claridad en cómo lograr dicho ajuste con el menor costo posible para consumidores y empresas.

En el corto plazo está el problema operativo de sustituir a un alto costo parte del gas natural que requiere la industria actualmente instalada, tanto eléctrica como no eléctrica; para el largo plazo, la decisión de qué energético utilizar para aumentar la capacidad productiva industrial y eléctrica. En el sector eléctrico la incertidumbre desde principios de 2004 paralizó el desarrollo de proyectos destinados a aumentar la capacidad entre 2006 y 2008 y por ello en dicho período podría haber restricciones de consumo. Para evitar ese escenario se requiere una política gubernamental clara y de largo aliento, dado que las señales del regulador y del mercado interactúan para guiar las decisiones de producción y de inversión.

El problema es decidir una combinación de fuentes y tecnologías con niveles de costo y riesgo de suministro adecuados a la realidad del país. Las opciones genéricas más viables a los costos actuales incluyen gas natural licuado, carbón, geotermia e hidroelectricidad, entre otras. Las decisiones de inversión se ven dificultadas por la incertidumbre respecto a los precios esperados de la electricidad, ya que parte importante del consumo está sujeto al precio regulado por el Estado, y éste depende del criterio de la autoridad respecto a los combustibles cuyos costos serán referencia para calcular los precios.

Así, la incertidumbre de largo plazo respecto a la disponibilidad de gas argentino implica un riesgo que dificulta las decisiones actuales de inversión. No es posible predecir si efectivamente el "gas barato" desaparecerá del mercado, empujando el precio regulado hacia los costos de opciones más caras como GNL y carbón, o volverá en gloria y majestad en unos años, cuando las políticas en Argentina sufran otro golpe de timón, empujando los precios regulados a niveles tan bajos como los vistos durante los primeros años de ésta década. Las nuevas inversiones, entonces, enfrentan un precio de referencia y una rentabilidad impredecibles, por la incertidumbre respecto al comportamiento futuro del regulador.

La política lógica es profundizar la acción del mercado respecto de las señales de precios y costos. Se puede lograr un suministro económico y seguro a través de una política que combine la profundización de la competencia mediante contratos de largo plazo, con la responsabilidad a todo evento del productor frente a su cliente. Mientras los precios resulten de las negociaciones entre productores y consumidores, cada uno con sus expectativas de costos y precios alternativos a largo plazo, la industria logrará un equilibrio tecnológico y un grado de diversificación con costos y riesgos globales adecuados a nuestra economía.

El gobierno tiene en su mano reducir la incertidumbre de largo plazo a través de acciones concretas: acelerar la aplicación de la ley eléctrica que permite rebajar el límite de clientes libres, restringiendo así la importancia del precio regulado, sin afectar a los clientes residenciales; disponer que las distribuidoras liciten por separado su suministro para clientes regulados y clientes libres; y legislar para permitir que el suministro a las empresas distribuidoras se decida en licitaciones por precio, sin perjuicio de tomar los resguardos necesarios para que sean efectivamente competitivas. Paralelamente, debe eliminar la falta de claridad en torno al pago de la potencia en el mercado mayorista. Ninguna de estas medidas implica necesariamente aumentos de precios para los clientes pequeños; sin embargo, la postergación de una política adecuada y clara puede implicar para todo el país el alto precio de la energía que no se tiene.

Reflexión sobre la opción política y la responsabilidad del Estado respecto al tema energético

A partir de la crisis del gas natural se comenzó a instalar una discusión seria sobre nuestro desarrollo energético en el largo plazo. En el discurso de los especialistas, en los círculos económicos y en la ciudadanía apareció la demanda al Gobierno por plantear una estrategia e, incluso, implementar alguna forma de planificación para el futuro. Donde más se han acentuado estos requerimientos es en el ámbito de la producción de electricidad, ello más por razones económicas y de seguridad energética que por consideraciones ambientales.

Cerrada la opción de un desarrollo en base a gas natural, junto con el aumento de los precios internacionales de los combustibles fósiles, por primera vez se suscita consenso en torno a conceptos tales como la diversificación de la matriz energética particularmente eléctrica y se comienza a mirar con seriedad las fuentes de energía renovables no convencionales, aspectos que ya han sido acogidos por el Gobierno.

Sin embargo, luego de cuatro años de declarado el fin del imperio del gas natural la reacción del mercado en cuanto a diversificación es tímida; si se observa el programa de instalación de centrales eléctricas entre 2008 y 2017 puede verse entre las que se encuentran en construcción y las declaradas en los planes de las empresas, que de un total de 6720 MW, el 62% continúa siendo en base a carbón y petróleo, un 33,6% es hidroelectricidad, y un 4,4% es la suma de energía eólica y geotermia; la energía nuclear, si bien no se descarta, no entra en este plan porque no maduraría técnicamente hasta aproximadamente el año 2022.

Cabe preguntarse entonces qué instrumentos deben diseñarse e implementarse para estimular un desarrollo eficiente desde el punto de vista económico, político, social y ambiental. Determinantes serán los precios relativos, y es hora de estudiar seriamente el reemplazo de los impuestos actuales a los combustibles, diseñados para financiar el desarrollo vial, por otros basados en los costos relativos de las emisiones de contaminantes que cada uno aporta. Probablemente este sería un instrumento más eficiente que la imposición de cuotas para algunas tecnologías, sin perjuicio de que eso sea también válido. Sin embargo, para ser efectivos deben estar enmarcados en una estrategia de largo plazo conocida, razonablemente concensuada, que se constituya en una Política de Estado, de modo que todos los actores puedan tomar decisiones y avanzar en forma coherente, y especialmente para que los diversos organismos del Estado actúen en sintonía con los objetivos acordados.

Una condición indispensable para semejante proceso es la existencia de liderazgo, de al menos un Estado que asuma la iniciativa y algunos de los costos, tanto políticos como económicos. Es por ello mis amigos lectores que cuando el Estado y la clase política hacen planteamientos y propuestas lo deben hacer pensando en las futuras generaciones que serán parte de esta hermosa faja de tierra llamada Chile.

No perdamos nuestro foco, necesitamos reingeniería energética

Chile se ha enorgullecido a nivel internacional de los éxitos de su pionera reforma de creación de un mercado energético que descansa en la acción central de los priva­dos y el rol subsidiario del Estado. Los crecientes cortes de gas natural desde Argentina a Chile, un combustible que asumíamos abundante y de bajo precio, han forzado a nuestro país a enfrentar profundas interrogantes res­pecto a su desarrollo energético y han llevado a muchos a cuestionar ese modelo de desarrollo.

En el objetivo de lograr una seguridad energética que permita que Chile siga creciendo económicamente, sin restricciones impuestas por terceros, debemos diversifi­car nuestra matriz, dentro de nuestro modelo de mer­cados libres competitivos y abiertos, sin caer en la ten­tación de un Estado más interventor, forzando caminos de desarrollo.

Lograr esa seguridad en el largo plazo, en el marco del modelo vigente, es factible, diversificando y balanceando nuestra matriz energética con hidroelectricidad, petróleo, carbón, gas natural regional, gas natural licuado, energías renovables (eólica, biomasa, geotermia), esquemas de efi­ciencia energética, y eventualmente con energía nuclear; la mayor parte de esos recursos provenientes de un mer­cado internacional de commodities sin mayores restric­ciones de abastecimiento. Ese logro se concretará en el mercado eléctrico gracias a que con los últimos cambios legales se logró una mayor liberalización de nuestro sis­tema de precios, que debiera responder a visiones de lar­go plazo en un esquema de licitaciones internacionales, liderado por el sector privado y sus decisiones de inver­sión. No obstante, no descuidemos el rol central del Es­tado regulador, particularmente en aquellas actividades energéticas que tienen el carácter de monopolios, como la distribución eléctrica y que finalmente debido a que son monopolio comercial terminan por afectar al mejor capital de una nación, que son sus ciudadanos.

Preocupa que, en las primeras licitaciones de las empresas distribuidoras, pueda desper­diciarse una magnifica oportunidad para diversificar la oferta en generación en nuestro país. La urgencia por realizar las licitaciones, por la crisis a que nos sometió el corte del gas, y el no haber logrado realizar licitaciones conjuntas, nos puede castigar por muchos años con pre­cios no competitivos de suministro eléctrico.

Sin embargo, donde existen los mayores peligros es en el abastecimiento eléctrico en el corto plazo, donde no es evidente como lograr esa seguridad energética. De­penderá en forma importante de la hidrología de los próximos tres años, pudiendo eventualmente enfren­tarse racionamientos ante años secos. Evitarlo no se lo­grará espontáneamente, exigirá inversiones e implicará aumentos sustanciales de precios, cualquiera sea el ca­mino seguido.

Ante esa eventual crisis, mis amigos lectores creo que el Estado debe cumplir un rol coordinador, el peligro es que se tiente a jugar un rol empresarial, forzando inversiones que dis­torsionen en forma permanente el mercado, y nuestro exitoso camino recorrido.

¿Seguridad energética versus sustentabilidad medioambiental?

La agenda ambiental ha cobrado especial importancia en Chile como parte de su mayor desarrollo económico y social. Independiente de que nuestro país contribuye en una mínima parte a los problemas del calentamiento global del planeta, por su pequeña economía y bajos ni­veles de producción de gases de invernadero, y de CO2 en particular, preocupan problemas de polución urbana como también aquellos de contaminación de zonas pro­ductivas agrícolas y agropecuarias.
Estas preocupaciones se acentúan en el caso de la ge­neración termoeléctrica con combustibles fósiles, es­pecialmente cuando el carbón surge en Chile como el combustible más competitivo para reemplazar al gas natural en la producción de electricidad. Aun cuando a nivel mundial se desarrollan tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, estas todavía no son competi­tivas por las grandes inversiones involucradas.
Nuestro desafío como país será como conciliar nuestra seguridad energética con una mayor participación del carbón en la matriz, y sin producir impactos ambientales en los múltiples valles agrícolas que debieran albergar estos desarrollos. La medición de las externalidades ambien­tales de distintas tecnologías energéticas, así como su valoración económica, cobra especial importancia. El desarrollo de impuestos por polución y el fortalecimien­to de mercados de emisiones surgen como herramientas que podrían mejor orientar las decisiones de inversión hacia energías ambientalmente amistosas. No tiene por­que la polución ser un efecto inevitable de la producción y uso de la energía.
Y que aún más, esa falta de maduración nos haga seguir mo­das mundiales de subsidios a energías renovables con mayores costos de desarrollo. La tentación en esta línea está presente, con varios proyectos de subsidios en aná­lisis. Forzar ciertas energías renovables dentro de la matriz, con el argumento de que son am­bientalmente atractivas, no es un camino racional que privilegie eficiencia económica, podremos terminar pa­gando mas por la energía sin lograr avanzar en reducir la contaminación ambiental.
Por último, mis amigos estimo que por ahora el único recurso energético masivo del cual aún quedan importantes reservas en Chile es la hidro­electricidad, una energía de producción limpia y en gran­des volúmenes. Lograr seguridad energética junto a una adecuada sustentabilidad medioambiental debiera dejar espacio para que ellas se utilicen. Aunque reconociendo que muchas de estas centrales se insertarán en lugares de gran belleza natural y que su construcción causará alteraciones a los ecosistemas de las zonas donde se de­sarrollen, debemos sopesar que proyectos sustitutos de ellas, en los volúmenes requeridos para el desarrollo de Chile, con combustibles fósiles, sean estos carbón, gas natural o diésel, producirán mayores impactos ambien­tales y en zonas de mayor concentración poblacional.

Centralismo en Chile: Una Forma de Exclusión en el Chile del Bicentenario

La descentralización no es un fin, tampoco es un concepto que está lejos de discusión, es un medio ciertamente muy importante, pero no suficiente para lograr un Chile bueno para vivir para todos sus habitantes, pero en todas sus comunas y regiones; es decir un país social y territorialmente integrado. Pero para que dicho fin superior no quede siempre en el discurso o en promesas que luego no se puedan cumplir, es necesario generar, sin la restricción de cálculos electorales listas o intereses de corto plazo, una política de descentralización y de desarrollo local y regional, no solamente de un Gobierno, sino de Estado, construida transversalmente entre los principales actores políticos, académicos, sociales y empresariales del país, con un horizonte generacional más que electoral, más trascendente que contingente, concebida más allá de los respectivos períodos de los gobiernos locales, regionales y nacionales.
Pero, siendo realistas, es cada vez más evidente que en los hechos ello no va a ocurrir en la profundidad y a la velocidad que dicho proceso requiere, si no se genera una demanda y participación activa desde la ciudadanía y la sociedad civil organizada, especialmente el de las propias regiones.
A mi entender cualquier idea que proponga integración social y descentralización del Estado contribuye a generar un Chile más desarrollado y más justo, con más emprendimiento económico y más bienestar para las personas, más democrático, participativo y cercano a la ciudadanía.
Es por ello que aquí estimados les presento algunas propuestas que a mi entender pueden buscar los lineamientos necesarios, para lograr un Chile descentralizado a nivel regional y local, en nuestro país que vive ad portas del bicentenario.
A nivel local o llámese también a nivel municipal, propongo los siguientes aspectos que deben ser de importancia en un gobierno central:

1. Modernizar el Sistema de Financiamiento de las Municipalidades

Este aspecto a mi juicio es de suma importancia, ya que cuando hablamos de descentralización sin tocar los aspectos presupuestarios es presentar solo una obra teatral hermosa, pero sin que finalmente se logren efectos reales y prácticos. En síntesis más autonomía y más control del gasto. Dentro de este punto a considerar es adecuado agregar dos aspectos que también son de importancia, entre ellos:

• Facilitar el acceso al financiamiento público (gobiernos regionales, fondos sectoriales, servicios traspasados).
• Permitir el acceso a financiamiento con endeudamiento de corto y largo plazo. Endeudamiento responsable, digo esto porque existen municipios que tiene las cuentas ordenadas y que tienen proyectos de inversión sumamente atractivos que generan plusvalía y que generan mayores

recursos para el municipio, pero que, sin embargo, tienen muy restringidas las posibilidades de financiamiento a través de endeudamiento a corto y largo plazo, ya que hoy por hoy la ley, prácticamente los prohíbe.

2. Modernizar los estatutos que regulan la contratación del personal docente, de atención primaria y administrativo.

3. Incentivar la asociatividad de municipalidades, en particular de grandes con pequeñas.

4. Incentivar la praxis de la participación comunitaria a través de:

• Presupuestos participativos
• Defensoría ciudadana
• Rendición de cuentas a la comunidad

El modelo de descentralización que se debe impulsar a nivel regional, debe ser el de un gobierno regional más democrático y representativo del territorio, con capacidad para planificar territorialmente su desarrollo, capaz de articular y coordinar la acción de los servicios nacionales y con capacidad financiera para desarrollar sus programas y proyectos.

Es importante que el FNDR se utilice en invertir en capital humano y social, de manera de contribuir al mejoramiento de la competitividad regional, señalo esto porque desde el año 2007 al FNDR se le sumaron US$290 millones, como compensación por lo ocurrido con el gran error, como lo fue el Transantiago, que a mi entender no es mas que en producto del iluminismo centralista. He aquí que propongo las siguientes propuestas para adoptar un proceso de descentralización en las regiones.

1. Autonomía nacional frente al gobierno central

En la praxis, los gobiernos regionales, si bien por obligación legal cuentan con una política de desarrollo regional propia, esta no se traduce en un plan de gobierno propio y más bien implementan regional que tiene el Presidente de la República.

2. Inversión pública en regiones

¿Qué tenemos hoy por hoy?

• El gobierno central, a través de las inversiones realizadas por las empresas del Estado y a través de inversiones sectoriales realizadas por los respectivos ministerios, es quien determina la inversión pública de impacto regional en regiones.

• El gobierno regional, determinan en gran medida la inversión de impacto comunal.
Estos dos aspectos recientemente mencionados a juicio, llevan en materia de inversión pública, a que se esté violando el principio de subsidiariedad regional.

3. Participación y Control del gasto

Es importante que la ciudadanía tenga acceso a información que les permita ejercer mayor control, así como también participar en el proceso de toma de desiciones.
Personalmente considero que se debe analizar la posibilidad de realizar una consulta ciudadana para priorizar la cartera de proyectos de inversión, generando así canales de comunicación establecidos y accesibles.

4. Descentralizar el poder parlamentario y elección de las autoridades regionales:

• Intendente y Presidente del Gobierno Regional: dos cargos, dos responsabilidades.
• Participación parlamentaria en los gobiernos regionales, de tal manera que los parlamentarios gestionen ante el poder ejecutivo central, conseguir fondos adicionales para un determinado proyecto.
• Elección directa y democrática del Presidente del Gobierno Regional y de los Cores, promoviendo así liderazgos múltiples y fortaleciendo una clase política local y regional.

5. Traspasar los servicios públicos centralizados y las competencias, según corresponda al ámbito local o regional.

6. Trasferir mas recursos a los niveles subnacionales (comunales y regionales); y creando en éstas la capacidad de generar y administrar recursos propios, dentro de un marco apropiado de tributaciones.

Cuando se habla de un Estado unitario pero descentralizado, ello necesariamente pasa también por dotar de mayor autonomía, atribuciones y recursos a los gobiernos locales, las municipalidades. Centrarse sólo en la elección de los consejeros regionales podría entrampar el avance hacia una mayor descentralización, terminando con un centralismo a nivel regional.

7. Fortalecer las capacidades regionales de generación de conocimiento propio e innovación relacionadas a los procesos de desarrollo. Se debe generar una política más agresiva que permita alianzas entre empresas locales y universidades regionales con incentivos tributarios, esto puede ser sin embargo un detonante de desarrollo científico-tecnológico.

8. Es importante fortalecer las identidades locales y regionales, el sentido de pertenencia y la autoestima de las comunidades.

El desarrollo y futuro de nuestro país requieren de un proceso sustantivo y sostenido de fortalecimiento de las capacidades regionales y locales, así como de descentralización en todos los planos relevantes del quehacer nacional.

Sólo así, Chile será capaz de lograr la condición de país desarrollado, de derrotar la pobreza y reducir las diversas otras desigualdades. Integrando y desarrollando a las regiones del país se podrá salvar a su capital y asegurar la calidad de vida de sus habitantes y logrará aprovechar las ventajas y controlar las amenazas de la globalización.
Sin embargo en tiempos de globalización, este sistema es cada vez más disfuncional para atender con eficacia las demandas de un Estado realmente moderno y de una sociedad cuyo leit motiv es la participación ciudadana por medio de políticas inclusivas.